Alberto desangelado en Lago Puelo
Por Santiago Costa
La visita de Alberto Fernández a Lago Puelo, donde anunció una ayuda de más de 700 millones de pesos para los damnificados por los incendios en la Comarca Andina, tuvo sabor amargo.
El presidente sufrió el escrache de una movilización antiminera, que terminó en piedrazos a la combi que lo transportaba. El presidente estuvo en peligro, indefenso.
Hechos y versiones
Los manifestantes responsabilizaron a supuestos infiltrados a bordo de una camioneta Duster Gris. Efectivamente la patente de esa camioneta está registrada a nombre de la Policía de Chubut.
En los videos que circularon por redes sociales se ve a los manifestantes golpear la camioneta, pero no se ve a nadie arrojar piedras y subirse a la Duster.
En un video que difundió la Tv Pública si se ve a cinco manifestantes, dos hombres y tres mujeres, recoger piedras y arrojarlas a la combi presidencial.
Los manifestantes también denunciaron agresiones de la UOCRA. Según un informe policial, los primeros eran 220, mientras que los segundos 50.
La diferencia entre la visita del gobernador Mariano Arcioni a la zona en los días previos, que no registró incidentes, y la accidentada visita presidencial fueron dos: mayor presencia policial y el sigilo.
Responsables e irresponsables
¿De quién es la responsabilidad por la seguridad del Presidente cuando visita una provincia? El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el diputado nacional Santiago Igón responsabilizaron a la provincia por la escasa escolta policial.
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, respondió que fue avisado con poca anticipación para montar un operativo acorde y que se cambió el itinerario -la ruta- presidencial.
Según el informe policial ya citado, los efectivos provinciales fueron 130, distribuidos en cuatro puntos (punto de arribo, dos puntos intermedios y punto de partida).
Distintos funcionarios provinciales se quejaron de que los funcionarios nacionales los apartaran del operativo y la agenda, privilegiando la relación Nación-Municipios.
Hubo una evidente negligencia del aparato de seguridad provincial y de la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial.
También una irresponsabilidad política de los manifestantes contra la ley de zonificación minera, porque no era el momento ni el lugar para discutir eso, cuando la jornada se centraba en los damnificados por el incendio y la asistencia del estado nacional.
