Diputados de UxP denunciaron a Milei por el acuerdo con el FMI por DNU
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para formalizar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el monto del acuerdo no fue revelado.
Publicado en el Boletín Oficial, el DNU establece que, bajo un nuevo programa de facilidades extendidas, el FMI proporcionará a Argentina nuevos créditos, cuyo monto no ha sido especificado. El crédito tendrá un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y seis meses.
Diputados presentaron una denuncia penal contra Javier Milei por el acuerdo con el FMI vía DNU
En la presentación, los denunciantes argumentan que el DNU de Milei transgrede los artículos 75 (incisos 4°, 7° y 22°) y 76 de la Constitución Nacional, los cuales establecen que cualquier endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso.
Adicionalmente, señalan que el Gobierno estaría usurpando funciones exclusivas del Poder Legislativo y que el DNU implica un abuso de autoridad y una violación de los deberes de funcionario público, de acuerdo con los artículos 248 y 249 del Código Penal. Los denunciantes sostienen que estos hechos atentan contra la estabilidad democrática y el orden institucional del país.
Los fondos se destinarán a dos propósitos principales
El Tesoro argentino utilizará una porción de los préstamos para recomprar títulos públicos, específicamente Letras Intransferibles en dólares, que están en posesión del Banco Central, con el objetivo de fortalecer el balance de la entidad monetaria, cuyas reservas son actualmente limitadas.
Otra parte de los nuevos créditos se utilizará para cubrir los vencimientos de los próximos cuatro años con el FMI, al que Argentina debe actualmente alrededor de 41.363 millones de dólares.
El decreto no incluye detalles adicionales sobre los términos y condiciones del acuerdo con el FMI, que se ha estado negociando desde finales de 2024.
El DNU, que cuenta con la firma de Milei y todo su gabinete de ministros, destaca la política económica del Ejecutivo, caracterizada por un severo ajuste fiscal. Se argumenta que, para consolidar la estabilización de la macroeconomía, es necesario aumentar las reservas monetarias del Banco Central.
Tras su publicación en el Boletín Oficial, el decreto entró en vigencia y fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión. Se anticipan intensos debates parlamentarios y denuncias ante la Justicia, dado que el oficialismo es minoritario en ambas cámaras del Parlamento.
Esta ley establece que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI requiere la aprobación expresa del Congreso. Sectores de la oposición sostienen que el Gobierno debería haber enviado un proyecto de ley al Parlamento para su debate y aprobación legislativa.
