Usurpaciones en Comodoro: grieta política y abismo social

Por Santiago Costa

Comodoro queda en Argentina. Las usurpaciones masivas de tierras y los saqueos son la pesadilla de las autoridades porque rompen la paz social, ponen en duda la propiedad privada y la autoridad.
Toda usurpación es organizada, el tema es quién la organiza. ¿La organiza un puntero político? ¿Una organización social? ¿Un grupo de vecinos despolitizados?
Pero luego se da un efecto contagio, un efecto dominó (igual que en los saqueos) donde entra en acción la masa y eso ya es espontáneo, apolítico.
Las usurpaciones tomaron por sorpresa a las autoridades, pero es una verdad de la política argentina que todos los diciembre puede haber saqueos y todos los años en que se elige gobernantes hay intentos de toma de tierras.

El estado se queda corto

Comodoro tiene características particulares que agudizan el problema de la vivienda. La ciudad está acorralada entre los cerros y el mar. Además una porción de la tierra de su ejido urbano está contaminada por la actividad petrolera.

El Instituto Provincial de la Vivienda no construye todo lo que podría porque no tiene suficiente acceso a terrenos.
El municipio hace lo que puede pero no alcanza: la gestión Luque entregó mil lotes en los últimos tres años, cien “viviendas sociales” (construidas con fondos municipales) y aseguró que entregará mil lotes más antes de fin de año .
Los lotes deben entregarse con servicios, los solicitantes deben tener una residencia en la ciudad no inferior a 8 años y el municipio exige a los beneficiarios terminar de construir en un plazo de un año y medio, si no revierte la adjudicación del loteo.

Pero la ciudad tiene en su memoria la condena reciente al ex delegado local del IPV a 3 años de prisión por la entrega de viviendas de manera irregular a cambio de dinero y sexo. También la denuncia que frustró la asignación irregular de un terreno al hijo de una legisladora oficialista.
La sociedad estira la mano
La toma original en Comipa, que duró casi un mes, no fue tan numerosa pero rompió el hielo. La justicia se negó a desalojar como pidió el municipio (con el argumento de preservar la integridad de los menores) y sentó el peligroso ejemplo del hecho consumado.
Luego de que “la espuma” de la primera usurpación bajase, se sucedió una semana donde hubo al menos cinco intentos de usurpaciones, tres de ellas impedidas. Dos tuvieron éxito y luego fueron desalojadas.
Una de esas fue la de “los hijos de Palazzo”, en el barrio del mismo nombre. Esta toma presentó varios desafíos.

El primero es que fue muy numerosa. La segunda fue que, efectivamente, la mayoría eran vecinos del barrio. La misma presidenta de la Asociación Vecinal, que sufrió amenazas de muerte, dijo que conocía a la mayoría.
Incluso hubo un momento donde los “nacidos y criados” impidieron que se sumen a la toma nuevos residentes de la ciudad, muchos de ellos extranjeros.
Estos dos elementos le dieron un “barniz” de legitimidad, no a la acción delictual, pero sí a los protagonistas, anteponiendo el conflicto social por el acceso a la tierra a cualquier connotación política.
El ministro de Seguridad, Miguel Castro, se hizo presente, articuló con el intendente y reforzó con 100 efectivos la ciudad. El Jefe de Policía estuvo presente en los intentos de usurpaciones que fueron frustrados y también en los operativos de desalojos.
La justicia, que cometió el grave error de permitir que la primera toma se consolide, le dio los instrumentos a la policía para actuar. Los operativos fueron inusualmente profesionales, con apenas un puñado de efectivos con heridas menores y otro puñado de usurpadores demorados. No hubo hospitalizados.
Luque tuvo reflejos porque nunca se resignó a los hechos consumados y coordinó con la policía los desalojos. No se encerró en el palacio y tuvo múltiples actividades en distintos barrios, que incluyeron la entrega de una vivienda.

La política se esconde en la grieta

Cuando se produjo la “oleada” de usurpaciones y quedó en evidencia que los terrenos eran cuidadosamente elegidos, surgió la teoría del “infiltrado”, un facilitador de información catastral.
Curiosamente las usurpaciones se dieron una semana después de los cambios en el gabinete local y la salida del ex Secretario de Planeamiento Urbano.
Pero un rápido repaso de los distintos sectores del peronismo local desechó que alguien (como el Tano Di Pierro, cuyo mito ya es como el de un Duhalde local) estuviera jugando sucio.
Ante la ausencia de un “culpable” al interior del peronismo, hubo que ir a buscarlo fuera.
Uno de los tres detenidos por la usurpación de Palazzo es el hermano del vicepresidente de la vecinal, con quien la diputada Ana Clara Romero tiene una foto.
El ex intendente Carlos Linares también tiene una foto con el mismo vecinalista, pero eso no le impidió al senador y presidente del PJ usar la foto de la diputada como evidencia y prueba de su involucramiento en las usurpaciones. El mismo recorrido hizo después el intendente Juan Pablo Luque frente a los micrófonos y cámaras.

La diputada, que ni siquiera estaba en el país, tuvo que salir a aclarar que esa foto es vieja y de una reunión pública con mucha otra gente. También que Luque y Linares deberán probar lo que dijeron en tribunales.
Los prisioneros de la grita política no logran apreciar que, aún si Romero hubiese querido alentar usurpaciones, no hubiese podido. No tiene ese poder. Solo dos agentes políticos tienen el entramado territorial capaz de activar usurpaciones de tierras o saqueos: el peronismo y la policía.

¿Cómo sacar algo positivo?

La acusación del Intendente a la diputada fue burda porque “engrietando” el fenómento intentó negar su autenticidad como demanda social (aunque la modalidad sea delictual).
Los funcionarios municipales y la misma policía dijeron constatar sorprendidos que la mayoría de los usurpadores no habían realizado los trámites en la Secretaría para acceder a un lote.
Aunque haya una imposibilidad física de poner una mayor cantidad de lotes a diposición, es evidente que el estado municipal debe acortar la distancia que lo separa con la sociedad en cuanto a la política pública de acceso a la tierra.
Un primer paso será hacer un relevamiento de los usurpadores para facilitar los trámites e incluirlos en el sistema.
Luego crear un sistema que transparente, o al menos comunique eficientemente, el proceso de asignación de lotes, quizás insertando algún elemento que de una sensación de imparcialidad, como el sorteo público.
Es realmente una pena que la oposición no haya tenido la misma actitud que sí tuvo frente a otras graves crisis (como las climáticas), cuando cerró filas ante la emergencia y pospuso sus críticas a la gestión local.
A las críticas en tiempo real de Ana Clara Romero se sumó la «confirmación» de la candidatura a la intendencia de Tomás Buffa (UCR) y el lanzamiento de Omar Latanzzio (PICH).
¿Juan Pablo Luque pagará algún costo político-electoral por esta crisis? Eso es algo que habrá que medir con encuestas.
Pero la pérdida momentánea del orden público (la ausencia del control territorial), al igual que la fragmentación política del PJ local (dividido entre el oficialismo y «la opción Othar«), no refleja fortaleza porque la casa no está en orden.
Los nuevo intentos (frustrados) de usurpación de tierras en los barrios Máximo Abásolo y Malvinas Argentinas muestran que esto aún no terminó.

Si los dirigentes políticos suspenden su perfil partidiario-electoral y adoptan una mentalidad de estadista podrán perfilar un mecanismo, un dispositivo, un acuerdo para una nueva política de tierras (o perfeccionar la existente), que acerque el estado a la sociedad civil e impida que esto vuelva a pasar.