Jujuy: ¿Qué dice la reforma constitucional y cuáles son las protestas?

La aprobación de la reforma constitucional de Jujuy impulsó protestas y cortes de ruta que fueron brutalmente reprimidos. 

El martes por la mañana, la conflictividad volvió a recrudecerse por la jura de la reforma, que se había anunciado para la tarde.

El Gobierno dispuso asueto administrativo y escolar en la provincia para este miércoles.

En Neuquén y Río Negro, todos los estatales harán paro y movilizaciones el jueves.

El gobierno de Jujuy dispuso otorgar en toda la provincia asueto administrativo y escolar para este miércoles 21 de junio.

 Fue anunciado por el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, informó el medio «Todo Jujuy». 

Lo decidió la Universidad Nacional de Jujuy para todas las actividades áulicas y en todas las unidades académicas como así también en el rectorado.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a sectores de la CGT como la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, resolvieron adelantar para este miércoles la movilización en repudio a los hechos ocurridos en Jujuy «ante el recrudecimiento de la represión» en esa provincia, informaron fuentes gremiales.

La convocatoria se iniciará hoy a las 13 en el Obelisco, para desde allí movilizarse hacia la Casa de la Provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la avenida 9 de julio, en CABA, donde se realizará el acto, en el que se reclamará «el cese de la represión» y «el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos».

Desde La CGT regional de Jujuy anunciaron un paro de 48 horas para este miércoles y jueves en repudio.

Los colectivos originarios apostados en el acceso a Purmamarca anunciaron un “corte definitivo” como respuesta a la “reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales”.

Así lo anunció en un video una vocera de la comunidad indígena de la localidad de Coranzulí, quien habló en nombre de todos los grupos apostados sobre la rotonda que cruza las rutas 9 y 52, kilómetro cero de las protestas que comenzaron el sábado en la Quebrada de Humahuaca y dieron lugar a la violenta avanzada policial que se extendió por todo el fin de semana.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la «prohibición de cortes de ruta», en el artículo 67, en el contexto de protestas, que también impide la ocupación de edificios públicos por reclamos sociales y gremiales.

El artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.

Gerardo Morales defendió el concepto de prohibir los cortes de rutas y calles:

“El ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, expresó.

El lunes por la noche, el gobernador anunció la marcha atrás con la redacción de dos artículos, el 50 que establece “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”, y el 36 consigna los incisos referidos a “la propiedad privada”.

Durante las sesiones se trató la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de justicia en la provincia y modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

El artículo 50 indicaba que el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación» y «promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano».

La ley señalaba que «ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos».

Y que «el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.

Fueron dejados sin efecto los dos últimos párrafos del artículo 36.

Uno es el que decía que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley».

El otro es el que refería a «una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo.

Después de la aprobación del viernes, de la reforma solo restaba el juramento de las modificaciones, programada para el martes 20, a las 18, en el teatro Mitre, ubicado en pleno centro de la capital jujeña.

El acto se adelantó y se realizó durante la mañana, confirmando la puesta en vigencia.

Un grupo de manifestantes se concentró frente a la Legislatura desde temprano.

Mientras los asamblearios aprobaron la Carta Magna provincial a puertas cerradas y sin transmisión en vivo, algunas personas ingresaron al edificio y se enfrentaron contra la policía.

Los manifestantes derribaron las vallas de seguridad, arrojaron piedras contra los uniformados que custodiaban el lugar y provocaron daños en los vidrios de la legislatura.

Algunos lograron ingresar al recinto y prendieron fuego dentro.

Los disturbios se prolongaron durante toda la tarde a lo largo y ancho de San Salvador.

Denunciaron la presencia de infiltrados policiales entre los manifestantes, generando graves hechos de violencia.

Susana Ustarez, Secretaria General de la Asociación Provincial de Organismos de Control (APOC), afirmó haber presenciado personalmente cómo agentes de civil violentos iniciaron los disturbios, siendo luego protegidos por escudos y aparentando ser detenidos al ser retirados del lugar.

El medio «Vamos Jujuy» aseguró que el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) fue enviado a las calles para reprimir las manifestaciones.

Se trata de una unidad especial que cuenta con efectivos profesionales en custodia VIP, negociación, resolución de situaciones de crisis, allanamientos de alta peligrosidad, tiro táctico con armas cortas, salvamento acuático, descenso táctico, entre otros.

Según «Enterate Jujuy», un fotógrafo denunció que los oficiales le arrojaron una piedra mientras él intentaba sacar fotos sobre la violencia en el palacio legislativo.

«Nos tiran con gomeras a cronistas a cámaras y cámaras de foto para no transmitir lo que está sucediendo», aseguró. 

También se reportaron agresiones a otros equipos de prensa, como Canal 7 Jujuy.

Ayer Patricia Bullrich se comunicó con el gobernador Gerardo Morales y convocó a una reunión de urgencia a las 18:30 hs en la sede de PRO de Buenos Aires.

Allí apuntaron contra el Gobierno Nacional de ser promotores de la violencia y de los grupos que participaron de las protestas.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner le habían respondido a Morales que era el responsable de la represión y que la reforma era inconstitucional.

A tan solo minutos del inicio de la reunión de urgencia de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri se expresó en las redes sociales.

«Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro».

Luego de casi seis horas de represión policial en Jujuy y sin mencionar al gobernador radical Gerardo Morales, Macri destacó la importancia del «orden» para el «progreso» de Argentina.

La represión, extendida por más de seis horas en la capital provincial, dejó al menos un herido de gravedad y más de 170 personas afectadas por las balas de goma y los gases lacrimógenos emitidos por parte de la policía jujeña.

Se reportaron al menos 68 detenidos, quienes fueron trasladados a las dependencias de Alto Comedero -cárcel donde estuvo detenida Milagro Sala-.