El sector pesquero alerta que licitar cuotas destruirá su industria
La industria pesquera nacional resiste y negocia los artículos de la Ley Ómibus. Las diversas cámaras sectoriales y sindicatos son respaldados por los gobernadores patagónicos.
El gobierno eliminó la palabra «internacional» en el sistema de asignación de cuotas, pero no hay una restricción explícita para la participación de capitales extranjeros en las licitaciones o para la compra/venta de cuotas de pesca. Al no indicarlo específicamente, queda la duda si en la reglamentación posterior se podría limitar o condicionar la participación del capital extranjero.
El ingreso de grandes capitales extranjeros en la disputa por las licitaciones de las cuotas por producto en la actividad pesquera implica que se privilegie la liquidez de la inversión por sobre los antecedentes (inversión pasada acumulada).
El proyecto indica que el Consejo Federal Pesquero podrá establecer cuotas de captura por especie que se asignarán mediante licitación pública por 10 años. Se limita la concentración de cuotas para evitar monopolios.
La limitación sería solo para evitar que una empresa o grupo alcance una concentración de cuotas considerada excesiva por el Consejo.
También se mantuvo la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina con diez años de residencia y la obligación de descargar en puertos argentinos.
Además se establece:
- que los permisos de pesca tendrán una duración mínima de 20 años y que la autoridad de aplicación solo podrá verificar requisitos técnicos y de seguridad de los buques para otorgarlos.
- Se permite la transferencia total o parcial de cuotas de captura.
- Se establece el cobro de un derecho único de extracción por especie que será fijado por el Consejo.
- Se permite el arrendamiento temporario de buques extranjeros por parte de empresas nacionales para la captura de especies subexplotadas.
- Se respetan los permisos, autorizaciones y cuotas ya otorgadas hasta su fecha de vencimiento.
El gobierno nacional acusa al sector de pagar pocas retenciones en productos como merluza y langostino y que los actuales actores del sector «llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita».
Por eso establece regalías/canon que deberán pagar las empresas pesqueras por la explotación de los recursos.
Estas regalías/canon serán destinadas al Fondo Nacional de Pesca FO.NA.PE., que se utilizará para financiar proyectos de investigación, desarrollo y conservación pesquera.
Desde la asunción del presidente Milei el sector paga 15% de retenciones, cuando históricamente fue del 8%.
