Iturrioz pidió juicio político contra el procurador general adjunto
El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández. La solicitud se fundamenta en tres hechos que, según Iturrioz, evidencian mal desempeño, desconocimiento del derecho y falta de objetividad.
El primer hecho concierne al alquiler de un inmueble en Comodoro para el Laboratorio Regional de Investigación Forense. Iturrioz alega que Porras Hernández alquiló una propiedad perteneciente a la madre de su entonces esposa.
«Lo escandaloso y que vulnera toda norma ética, es que la titular es la progenitora de la por entonces esposa de Porras Hernández», afirma Iturrioz en su denuncia. Esta acción, sostiene, podría constituir un conflicto de intereses y una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.
El segundo incidente involucra un incendio en la residencia de Porras Hernández en Rada Tilly. Tras una investigación de dos años, la fiscalía desestimó el caso por inexistencia de delito.
No obstante, Porras Hernández insistió en revisar la decisión, cuestionando el trabajo de sus subordinados. La jueza Arcuri, al revisar el caso, concluyó: «Los argumentos invocados por los damnificados para revertir la decisión fiscal no logran conmover las sólidas conclusiones a las que arriba«. A pesar de esto, Porras Hernández agotó todas las instancias judiciales sin éxito.
El tercer hecho se relaciona con una nota enviada al Ministerio de Seguridad y Justicia. En ella, Porras Hernández criticaba la supuesta «política de persecución penal» del gobierno provincial.
La nota afirmaba que esta política «colisiona con el discurso punitivo del gobierno provincial que propicia una política de persecución penal sustentado en el encarcelamiento por delitos menores». Iturrioz argumenta que este comentario demuestra un desconocimiento del sistema judicial, ya que las políticas de persecución penal son competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
Un funcionario del Ministerio de Seguridad, que pidió mantener su anonimato, comentó: «Es inusual ver un caso donde se cuestione tan directamente la conducta de un alto funcionario judicial. Esto podría tener repercusiones significativas en la estructura del Ministerio Público Fiscal».
Por su parte, un abogado penalista local opinó: «El caso del incendio es particularmente llamativo. No es común que se dedique tanto tiempo y recursos a una investigación preliminar, y menos aún que un funcionario de alto rango cuestione tan vehementemente las decisiones de sus subordinados«.
Iturrioz sostiene que estas acciones justifican la destitución de Porras Hernández. «Con la actitud asumida el infractor claramente violentó los postulados contenidos en el artículo 15 de la Ley I N°: 231, que impone el deber de Objetividad, incurriendo en mal desempeño de sus funciones y demostrando un claro desconocimiento inexcusable del derecho», concluye en su pedido de juicio político.
La decisión sobre el futuro de Porras Hernández queda ahora en manos de la Cámara de Diputados.
