La Corte Suprema rechazó la licencia pedida por Ariel Lijo
La Corte Suprema de Justicia desestimó la solicitud de licencia extraordinaria presentada por el juez federal Ariel Lijo, quien ocupa el juzgado federal número 4, para integrarse al máximo tribunal.
Esta decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto junto a Lijo y asumió como miembro de la Corte la semana pasada.
El único juez que se pronunció a favor de conceder la licencia fue Ricardo Lorenzetti, quien había sido uno de los principales promotores de la designación de Lijo en el tribunal superior.
Ahora, Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py a la espera de la definición del Senado, que podría otorgarle su aprobación para asumir como juez definitivo. Sin embargo, no está dispuesto a renunciar a su puesto de juez federal para ocupar un lugar en la Corte solo hasta fin de año.
Lijo fue nombrado “en comisión” por el presidente Javier Milei el 26 de febrero pasado. Su pedido de licencia fue presentado ante la Cámara Federal porteña, que aceptó su solicitud y elevó el trámite a la Corte Suprema, que es la autoridad competente para decidir sobre licencias que superan los seis meses.
La designación de ambos jueces, realizada poco antes del inicio de las sesiones ordinarias y sustentada por una controvertida interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución –que permite al presidente llenar «vacantes de los empleos» mientras el Senado esté en receso– ha generado controversia.

“Qué revuelo”, comentó una trabajadora judicial al pasar frente a los cuatro efectivos que custodiaban una esquina del cuarto piso del Palacio de Tribunales, reservado para la Corte, mientras García-Mansilla se dirigía con determinación hacia la Sala de Acuerdos, minutos antes de las 10.
La reunión comenzó puntualmente a las 10 y se prolongó poco más de 15 minutos, según fuentes del Palacio. Durante este tiempo, además de rechazar la solicitud de Lijo, los cuatro jueces abordaron otros asuntos y firmaron sentencias.
El Senado
En el Senado, los bloques opositores están considerando solicitar una sesión especial para la próxima semana con el fin de tratar los pliegos de ambos jueces. Hasta ayer existían dos posturas.
Con respecto a Lijo, algunos senadores argumentan que su pliego podría ser rechazado debido a que la Corte aún no le tomó juramento; sin embargo, consideran que el caso de García-Mansilla es diferente.
Esta es la tesis defendida por el oficialismo: sostienen que García-Mansilla tiene su cargo asegurado hasta fin de año y solo podría ser destituido mediante juicio político.
No obstante, esta interpretación contrasta con la opinión mayoritaria entre constitucionalistas, quienes argumentan que el Senado mantiene la facultad para rechazar el pliego de cualquier nombrado en comisión y hacerle dejar el cargo inmediatamente.
El oficialismo argumenta que al haber tomado juramento a García-Mansilla, la Corte validó el decreto del Poder Ejecutivo y le otorgó estabilidad durante su nombramiento en comisión (“hasta el fin de la próxima legislatura”, según establece la Constitución Nacional).
Ayer, un grupo de asociaciones civiles presentó un amparo ante la Justicia solicitando la anulación de las designaciones de Lijo y García-Mansilla.
La Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron en su escrito que el procedimiento habitual para nombrar jueces requiere el aval del Senado y que este es el proceso que debió haberse seguido en estos casos.