Chubut va a prohibir celulares a los presos para frenar estafas que se organizan desde las cárceles
El Gobierno provincial enviará una ley para impedir que los detenidos sigan utilizando teléfonos desde lugares de encierro. La medida apunta a cortar una modalidad delictiva cada vez más extendida en el país: estafas, extorsiones y secuestros virtuales organizados desde las cárceles que terminan golpeando a miles de ciudadanos.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que el lunes enviará a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. La iniciativa busca frenar una modalidad delictiva que se multiplicó en los últimos años: estafas telefónicas y fraudes digitales organizados desde centros de detención.
Torres advirtió que las estadísticas muestran un crecimiento sostenido de este tipo de delitos y que muchas de estas maniobras se coordinan desde contextos de encierro utilizando celulares que ingresan de manera clandestina. “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que desde un lugar de detención se siga delinquiendo y perjudicando a otros ciudadanos”, afirmó.
El mandatario aclaró que el objetivo no es incomunicar a las personas privadas de libertad, sino ordenar y controlar sus comunicaciones. En ese marco, explicó que los detenidos podrán seguir contactándose con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente a través de sistemas institucionales habilitados y bajo supervisión del sistema penitenciario.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, sostuvo que la propuesta también busca terminar con la “permisividad” que se generó durante la pandemia, cuando se flexibilizaron algunas restricciones dentro de las cárceles para facilitar la comunicación de los internos con el exterior. “Ese contexto excepcional terminó. Lo que estamos planteando es volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”, explicó.
El proyecto fue elaborado por la diputada provincial María Andrea Aguilera y contempla además la instalación de sistemas técnicos para bloquear o gestionar la señal de telefonía móvil dentro de los establecimientos de detención. También establece el decomiso inmediato de cualquier dispositivo detectado en manos de detenidos y la intervención del Ministerio Público Fiscal cuando existan indicios de delito.
De aprobarse, la ley se aplicará en todos los lugares de detención de jurisdicción provincial, incluyendo cárceles, institutos, alcaidías y comisarías, con el objetivo de cerrar una de las principales vías que hoy permite que delincuentes continúen operando desde prisión y organizando estafas contra ciudadanos en todo el país.
