En su primera semana al frente del Ministerio de Seguridad de la presidencia de Javier Milei, Patricia Bullrich dio los detalles del «Protocolo de orden público», que regirá el desalojo de las movilizaciones en la vía pública desde esta semana.
Motivados por una situación en la que consideran que el Estado eligió «desproteger a quienes tienen que llevar adelante su vida con paz», definieron que las fuerzas federales «van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple».
«Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes», aclaró Bullrich, quien pidió a los efectivos provinciales que actúen «en las zonas de sus competencias para tener un verdadero trabajo en común».
A pesar de ello, dejó la posibilidad de que «toda persona que se quiere manifestar en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que nosotros no queremos es corte de calles y rutas». «Habrá excepciones que tendrán que ver con tradiciones religiosas o eventos deportivos: muchas veces se toman calles para hacer maratones», agregó y subrayó que se «deberá pedir permiso«.
La funcionaria señaló que el Servicio Penitenciario Federal pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad y su personal participará de los operativos, por lo que se prevén penas de prisión a quienes protesten en la vía pública.
En ese sentido, se presentará un proyecto de ley acorde al artículo 194 del Código Penal, que contempla condenas de entre 3 meses a 2 años en la cárcel. Posteriormente, hizo énfasis en «las sanciones a quienes lleven niños y que los niños, cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una marcha o en un piquete».
Condenas a quienes realicen piquetes
«Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada en proporción a la resistencia«, detalló la ministra, quien apuntó que «serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar los vehículos, a sus conductores utilizados y se van a registrar todas las infracciones administrativas y penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito».
A su vez, aseguró que la vigilancia se extenderá a las estaciones de trenes: «Para aquellas personas que vayan con tipo de material que tiene que ser incautado, sean palos, sean caras tapadas (sic) o sean formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad». «Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente», explicó y enumeró «bloqueos de calles», «personas que vienen con un plan social» y «sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa».
Por otro lado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó su preocupación por la preservación del medio ambiente: «Se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor».
Migrantes y organizaciones sociales
Finalmente, «En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones«, indicó y añadió que se realizará un «registro de las organizaciones que participan de este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones».
Sin precisar cómo se efectuará la implementación, prometió que después de la intervención policial «se les enviará la factura a las organizaciones o los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo de los costos de los operativos».
