El gobierno cerrará la Federación Agraria y el Consejo de Agricultura
El Poder Ejecutivo Nacional anunció este miércoles el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (IAFCI) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF), lo que implicará el despido de 900 empleados.
La decisión, que se enmarca en la política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno, fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó la situación de ambos organismos como «calamitosa y profundamente desoladora».
Adorni señaló que la medida permitirá un ahorro de 9.000 millones de pesos y denunció la existencia de «una fiesta del gasto público» en el IAFCI y el CNAF. Entre otras irregularidades, mencionó la existencia de 160 delegaciones, dos sedes con 204 vehículos, y que el 85% del presupuesto se destinaba al pago de sueldos.
«Se transferían fondos discrecionales a organizaciones sociales y municipios sin ningún tipo de control. La ineficiencia de estos organismos es tal que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo», enfatizó Adorni.
La decisión de cerrar el IAFCI y el CNAF se suma a otras medidas similares tomadas por el Gobierno en los últimos meses, como el cierre de la agencia de noticias Télam y los recortes en el PAMI.
El anuncio del cierre llega el día después de la denuncia del Ministerio de Capital Humano al ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Emilio Pérsico por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba, al mismo tiempo que era funcionario.
De acuerdo a la presentación, el dirigente social, durante el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada.
«El Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de LaTorre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Persico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público», se detalló.
«Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados», se agregó.
