El Gobierno promulgó la Ley Antimafias que sancionó el Congreso
A pocos días del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, se oficializó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, que refuerza las sanciones para los miembros de organizaciones delictivas.
Esta ley busca desmantelar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales, la extorsión y la trata de personas.
Conforme a la Constitución, la legislación entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial en la madrugada. De acuerdo con la norma, se define como organización criminal a un grupo de tres o más individuos que actúan de manera coordinada para perpetrar delitos graves.
La ley también permite designar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial” para facilitar la labor judicial. En estas zonas, las investigaciones estarán a cargo de fiscales federales, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y las autoridades provinciales.
Adicionalmente, la legislación incrementa las penas para quienes formen parte o apoyen a organizaciones criminales, estableciendo condenas de 8 a 20 años.
Asimismo, permite que los miembros de estas organizaciones reciban la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo, eliminando las diferencias de penas según el rol dentro de la organización: todos serán sancionados por igual, desde el líder hasta el nuevo integrante.
El Poder Ejecutivo se basó en la norma estadounidense Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), junto con la iniciativa antimafia de Italia, para elaborar esta legislación.
La Ley fue aprobada en el Senado con 38 votos afirmativos
Esta ley fue el último proyecto tratado en las sesiones extraordinarias del Senado, y fue aprobada por unanimidad con 38 votos del oficialismo, la oposición dialoguista y los integrantes del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). El resto de la bancada kirchnerista se retiró del recinto antes de la votación final para evitar una nueva división interna.
En la misma sesión, el Senado aprobó otra ley que forma parte del paquete de reformas en materia de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional: la Ley de Reiterancia, destinada a terminar con la «puerta giratoria» de delincuentes. La iniciativa obtuvo 67 votos a favor en la votación general (unánime), y poco después avanzó en la votación particular, donde el kirchnerismo rechazó algunos artículos.
El primer artículo establece que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Un segundo punto aborda la falta de un criterio legal único, ya que es común que se realice una combinación de criterios. Con la nueva ley, la pena final será la sumatoria de todos los delitos.
Finalmente, es importante destacar la diferencia entre «reiterancia» y «reincidencia». Actualmente, un juez evalúa y decide basándose en la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa. Con la nueva ley, se incorporará un tercer supuesto con las imputaciones previas del implicado, lo cual deberá ser considerado por el magistrado a cargo de la decisión.
