El juez Sastre resolvió la intervención de la Cooperativa de Rawson
El juez federal Hugo Sastre ordenó la intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumos y Vivienda de Rawson, así como la remoción de su Consejo de Administración y la Sindicatura.
Juan Manuel Ibañez será el interventor designado, con un plazo de 180 dias para sanear la situación de la entidad.
A excepción del rubro sepelios, todos los servicios de la cooperativa están generando pérdidas multimillonarias. Según el INAES, «el Consejo de Administración distribuyó cargos vacantes de manera transitoria y arbitraria».
Ibañez tendrá tres días para aceptar el cargo y, una vez en funciones, deberá presentar informes bimestrales y un informe final al Juzgado y a la autoridad correspondiente. Su intervención responde a un pedido del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que destacó «las graves circunstancias que se verificaron respecto a la Cooperativa».
El último estado contable presentado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020, mostraba un capital corriente negativo de $645.989.720 y un patrimonio neto escaso de $34.450.408, además de una deuda no regularizada con CAMMESA por $10.173.436.467.
La falta de presentación de documentación anual ordinaria durante los últimos cuatro ejercicios ha impedido al INAES fiscalizar adecuadamente la situación económica y financiera de la entidad. Un informe reveló que el ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2023 registró una pérdida total de $554.649.415, con pérdidas operativas en todos los servicios, excepto en sepelios.
Asimismo, las autoridades decidieron cancelar sin justificación la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria programada para el 26 de mayo de 2024, lo que infringe la Ley 20.337 y ha impedido el tratamiento de los estados contables durante cuatro años, obstaculizando así la fiscalización pública y limitando la información disponible para los asociados.
La intervención se produce en un contexto crítico, ya que «peligra la continuidad del contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos de electricidad, agua y cloacas», que vence el 30/06/2025. Según el INAES, «la Cooperativa no se encuentra funcionando con normalidad».
El juez Sastre subrayó «la delicada situación económico-financiera» y las irregularidades (…) la falta de asambleas ordinarias y la presentación irregular de estados contables las dificultades para llevar adelante una adecuada fiscalización de la entidad; el ejercicio abusivo de la facultad para nombrar autoridades por fuera del procedimiento regular; la voluminosa deuda mantenida con CAMMESA, todo ello constituye un cuadro suficiente para tener por acreditado el riesgo en la provisión de los servicios públicos”.
