Chubut Destacado 

El ministro Cristian Ayala asumirá como Gerente General del Issys

El ministro de Gobierno y Justicia fue designado como Gerente General del Issys, lo que es resistido por el gremio. 

El escrito dejó establecido que el agente «asumirá en el cargo cuando cese su actual designación como ministro de Gobierno y Justicia, o hasta que el gobernador disponga».

En el Artículo segundo de la resolución, queda fijado que el mencionado «adquirirá estabilidad en el cargo desde su designación por el Honorable Directorio y no podrá ser removido del cargo mientras dure su buena conducta».

Además, «designará una persona que ocupará el cargo de subgerente y será su reemplazante en caso de ausencia temporaria por más de 15 días, y también estabilidad en los mismos términos que el Gerente General, percibiendo una asignación equivalente al 75% de la remuneración» que establece ese cargo, según informó EL CHUBUT.

El instituto considera que Ayala reúne el conocimiento que exige ese cargo, y está interiorizado sobre el funcionamiento, organización y marco legal de la institución para alcanzar los fines y objetivos del organismo.

Ayala expresó recientemente durante una entrevista en Canal 12 “yo soy abogado y asesor del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Tengo un cargo de planta permanente en el ISSyS, no es que tengo una intención de buscarme otro cargo o irme a otra repartición, eso desde ya lo descarto y lo niego rotundamente. Termino mi mandato y voy a cumplir funciones a mi cargo del ISSyS”.

Rosa Contreras, la integrante de Jubilados Independientes de Chubut, habló sobre la designación de Ayala en el ISSyS. “no nos sorprende absolutamente nada, El ministro Ayala, dicho por él, es empleado del instituto y cobra como tal desde el 9 de diciembre del 2019, según el Boletín Oficial. Eso está prohibido por la ley. Todo lo que ingresa al instituto que es el aporte de los trabajadores y de la patrona puede ser destinado únicamente al pago de todas las cuestiones previsionales y de la obra social y los gastos que demanden esa administración. El ministro no está administrando nada en el Instituto”. 

“Han mencionado que Cristian Ayala cobra el sueldo del instituto como empleado, pero ahora siendo ministro lo ascienden a Gerente General. Lo que nos preocupa a nosotros es la impunidad total, porque no hay caso más raro que a vos te asciendan cuando estás haciendo otra cosa. Si no hiciste mérito en tu laburo…”.

“No es lo mismo ser un J3 dentro del instituto a ser el Gerente General. La figura de Gerente General existía, pero lo que han creado es otra para que lo supla. La resolución dice que se crea el cargo de Subgerente General, o sea que hay otra persona que está en el instituto que cumple esa función y desde mayo se da un ascenso, no habiendo realizado mérito para ese ascenso”.

“Esto nosotros lo habíamos denunciado en marzo, ni bien sale el decreto del gobernador Arcioni, y donde admite Ayala que es así, que cobra por el instituto. Denunciamos en el Ministerio Público Fiscal de Esquel con los testimonios que teníamos. No obstante, nos presentamos con Cohen Arazi, otro jubilado, denunciando la situación. Nos derivaron a Rawson. En Rawson nos dijeron que corresponde hacerlo en la fiscalía Anticorrupción de Trelew. Allí nos tomaron la causa, solicitamos una audiencia y nos dijeron que habían mandado los correspondientes oficios y que estaban en proceso de investigación y hasta ahora, no ha habido noticias. Por lo menos que nos digan ‘no corresponde’ o que nos digan qué pasó”.

Se secuestró documentación sobre una licitación del Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno no está en su mejor momento, a pesar de lo que muchos creen. Justo en la recta final estalló otra bomba a sus pies: la Licitación Pública Nº 05/2023, que permitirá al Ministerio de Gobierno la contratación del servicio de recepción, captura, digitalización y procesamiento de documentos, por la friolera de $ 3.600 millones, entró en un cono de sombras. Sobre todo, después de que el fiscal Anticorrupción, Omar Rodríguez, fuera hasta la cartera que lidera Ayala a secuestrar el expediente de la licitación.

Resulta que dos de las empresas que se presentaron en la licitación con el formato de Unión Transitoria de Empresas (UTE), Kollor Press y Modoc, que perdieron la compulsa según la Comisión de Preadjudicación, salieron con los tapones de punta a cuestionar esa decisión.

El punto central es que su oferta de $ 2.760 millones era inferior a lo presupuestado y a la que finalmente resultó preadjudicada, de la firma Adea S.A. –de origen español-, que pasó un precio de $ 3.598 millones, según informó Jornada.

Ahora que se complicó el tema, Ayala salió a desligarse del conflicto -aunque fue su cartera la que convocó la licitación- y le achaca toda la cuestión resolutiva a la Comisión de Preadjudicación, integrada por Sergio De Cicco, secretario de Gestión Pública y Modernización del Estado; Oscar Ríos, subsecretario de Gobierno y Justicia; María José Llanes, directora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas; y Pablo Guillermaz, jefe del Departamento Archivo del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Un detalle, todos los funcionarios dependen del ministro Ayala.

Pero el titular de la cartera política de la Provincia no se cansa de repetir ahora que él no participó del proceso licitatorio que se inició hace más de un año y que tiene por objetivo modernizar el método de certificaciones que van desde nacimientos hasta defunciones: “Mi función es la de convocar a la licitación y luego corre por cuenta de una Comisión de Preadjudicación y de los organismos internos de control del Estado”, le dijo Ayala a la emisora LU 20.

La cuestión es que, al parecer, la UTE de Kollor-Modoc tiene fuertes lazos con el Grupo Clarín y no se descarta que se venga una queja mediática de los empresarios que se sienten prejudicados.

Lo peor, igualmente, es que el expediente de la licitación ya esté en la oficina del fiscal Rodríguez. Algunos dicen que ese dato ya da por caída la licitación. Pero otros temen que haya un escándalo judicial antes o inclusive después de que Ayala deje el Gobierno el 10 de diciembre.

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