La Madre Patria Contratista, el punto débil de las PPP y la frustración de Caputo y cía.

Por Alejandro Bercovich

Una serie de cálculos mal hechos en tres ministerios demoró el puntapié inicial de las Participaciones Público-Privadas (PPP), la figura mediante la cual Mauricio Macri busca construir rutas, autopistas, trenes, puentes y hasta centrales energéticas sin hacer más vertiginoso aún el ritmo de endeudamiento público. El tema figuró al tope de las inquietudes que le plantearon al Presidente los empresarios más importantes que llegaron con su colega español, Mariano Rajoy, al margen del malestar de Telefónica con el Gobierno por las ventajas que le dio a su competidor Clarín (ahora dueño de Telecom) en el mercado de la TV paga. Si bien Macri hizo honor a su metáfora de los viejos amantes y apeló a todas sus armas de seducción, las grandes contratistas de la madre patria le reclamaron más ventajas para subirse a la ola. Sobre todo impositivas.

Para el Gobierno, las PPP son un asunto capital: si logra ponerlas en marcha, llega a las elecciones de 2019 con la obra pública a toda máquina y sin registrar más gastos a cuenta del Tesoro. El Presupuesto 2018, de hecho, preveía que este año se desembolsaran 34.595 millones de pesos en esos proyectos, un objetivo que ya quedó casi tan viejo como la meta de inflación del 15%. Cuando se las «vendió» al Congreso, a fines de 2016, el Ejecutivo proyectaba que compensarían con creces el ajuste real de la inversión en infraestructura. El esquema funciona parecido al de los ferrocarriles ingleses antes de Perón: un privado adelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con la garantía de la propia obra. Si es un tren, lo opera directamente o retiene los pasajes como garantía de cobro. Si es una ruta, cobra el peaje o se asegura que se lo giren.

Como un vendedor de seguros al desplegar su menú de pólizas, el martes al mediodía, Guillermo Dietrich se dirigió sin rodeos al medio centenar de ejecutivos ibéricos que se juntó en el subsuelo del Alvear Icon de Puerto Madero. «Tenemos seis corredores viales donde ya hay empresas españolas interesadas. Después tenemos seis corredores más y dos puentes, de mil millones de dólares cada uno. Y el RER (la megaestación de transbordo debajo del Obelisco), que son otros mil millones», ofreció. Consciente de las dudas del auditorio, agregó: «Estos contratos se aprobaron por ley y por amplia mayoría, así que son muy sólidos. Y estamos resolviendo el tema de la solución de controversias». Las grandes multis del sector, lógicamente, no quieren dirimir futuros conflictos en una Justicia cuyo último epítome es haber incluido las palabras «Barrionuevo» y «normalizador» en la misma oración.

Las PPP generaron una grieta en la Cámara de la Construcción, el tradicional cenáculo contratista donde siempre consideraron a Franco Macri un advenedizo. De un lado quedaron las más grandes, como Techint Construcciones, Helport (Eurnekian) y la ex IECSA (Macri), ahora en manos de Marcelo Mindlin y rebautizada como SACDE. Son las únicas que podrían competir con multinacionales como la españolas Abertis o Dycasa, antiguas socias del grupo Macri en Autopistas del Sol, a la hora de conseguir financiamiento internacional. Las demás necesitan que el Estado les gire el famoso anticipo del 20% para poner en marcha cada obra. En suma: lo que desde hace décadas funciona como un cártel poco disimulado se convertiría en un cártel aún más restringido. Y extranjerizado.

Winter is coming

Los dos problemas con los que tropezó el modelo PPP en países como Colombia y Chile fueron los sobrecostos y la planificación deficiente. En Chile el sistema debutó en 2005 con las famosas cárceles concesionadas: para resolver el problema del hacinamiento penitenciario en el país de América con más presos por habitante después de Estados Unidos, su gobierno encargó a contratistas la construcción de diez nuevos penales a cambio de que luego le cobraran al Estado un cánon por preso durante 20 años. Una década después solo se habían terminado ocho, con un 75% de sobrecosto, y ya estaban superpobladas. El gobierno decidió construir otras tres por su cuenta y abandonó el modelo de concesión. En Colombia, las autoridades debieron obligar al consorcio que levantó el aeropuerto bogotano de El Dorado a pavimentar de vuelta la pista de aterrizaje, que no soportaba el tráfico aéreo.

El problema central es que como los bancos les cobran más caro a las empresas que a los estados por prestarles plata para una obra, las tarifas que terminan teniendo que cobrar los concesionarios en obras realizadas mediante el sistema PPP para recuperar sus inversiones son muy elevadas. De ahí la reticencia de los privados a sumarse a las licitaciones que promociona Dietrich y, con algo menos de dedicación, Juan José Aranguren. ¿Cuánto costará el peaje de los nuevos puentes con los que el ministro ciclista quiso seducir a los ibéricos? ¿Y si Macri deja el poder alguna vez y asume un gobierno que decida congelarlos?

La solución que propusieron los empresarios es que no les cobren ningún impuesto. La primera apertura de sobres, que debía ser el 3 de abril, ya se postergó mientras Macri evalúa si exime a los contratistas del pago de IVA y Ganancias, algo que pondría a patalear al resto del establishment. «Ahora estamos en una trampa: tenemos que atrasar el tipo de cambio real para bajar la inflación y eso complica que alguien quiera hundir capital fijo en dólares en las PPP. Porque todos van a esperar una devaluación después de las elecciones de octubre de 2019», dijo ayer a BAE Negocios el economista jefe de EcoGo, Federico Furiase. «Están dolarizando cada vez más el gasto público. Las importaciones de energía, los intereses de la deuda y ahora la obra pública suman como 4 puntos del producto. ¿Cómo van a pagar si después devalúan?», coincidió el exviceministro de Economía y director de PxQ, Emmanuel Álvarez Agis.

Incluso aunque los interesados aparezcan, el inconveniente de las tarifas caras para repagar las obras seguirá ahí. Y en vísperas de un invierno que ya promete conflicto por el impacto pleno del tarifazo de gas, el tema escala de la economía a la política. Lo confirmó anteayer el gobernador Alfredo Cornejo ante los socios del Rotary, cuando eligió a Aranguren como blanco para expresar el malestar de los postergados radicales con sus socios macristas, que ya bocharon al mendocino como candidato a vicepresidente en 2019. «Es bastante difícil dialogar con él, porque diálogo se tiene cuando alguien explica pero cediendo en algún punto. A él no lo he visto ceder nunca en todo este tiempo. Pero paradójicamente, las noticias lo han hecho ceder y le ha hecho meter la pata al Gobierno en varias oportunidades», soltó.

Los cuchillos de Caputo

El único ministro imprescindible para Macri, se sabe, es «Toto». Luis Andrés Caputo aprovechó la visita de Rajoy para confirmar que no volverá al Congreso a explicar nada más sobre sus offshore, incluso aunque ese mismo día este diario publicó un nuevo documento de la Securities and Exchange Comission (SEC), de hace apenas dos semanas, donde Noctua (la offshore que omitió declarar pero donde figuró como dueño) presenta a su fondo local Axis como su «filial» en Argentina. El documento también especifica que ambas están «bajo control societario común». O sea, que forman parte del mismo grupo económico.

«Toto» tiene una subsecretaría dedicada especialmente a los proyectos de PPP, lo cual también confirma que su novedad radica más en lo financiero que en lo técnico o ingenieril. Pero fue otra subsecretaría, la de Relaciones Financieras Internacionales, la que eligió su número dos, Santiago Bausili, para defender el derecho de su jefe y el suyo propio a constituir compañías offshore y a invertir su dinero en las mismas guaridas fiscales que critica el G-20 cada vez que se reúne.

Bausili estaba dolido porque el diario La Nación había publicado el lunes que cobró parte de su liquidación final del Deutsche Bank ya siendo funcionario, y que además recibió seis veces en su despacho a ejecutivos de ese banco colocador de deuda donde antes trabajaba pese a haberse comprometido a no interactuar con el Deutsche para evitar conflictos de intereses. Por eso reunió a casi un centenar de técnicos del área y se explayó: «Los paraísos fiscales tienen muy mala fama pero en el sector financiero y el mundo corporativo son una herramienta más. Y súper eficiente».

«Caimán, Bermudas, Panamá, Delaware y otros se especializan en blindar jurisdicciones donde no cobran impuestos y los costos de armar una sociedad son mínimos. ¿Dónde se va a ir la gente? ¿Al más barato o al más caro?», se preguntó, con la lógica de hierro de Wall Street. «¿Es verdad que hay gente que cuando genera algo y lo tiene en negro y no quiere que esté a su nombre por ahí genera una sociedad offshore y pone ahí su plata? Sí, es verdad. Pero hay un montón de lugares donde se venden cuchillos. Hay gente que los usa para matar a alguien y otros que lo usamos para comer. ¡Pero no por eso vamos a prohibir que vendan cuchillos!», añadió.

El subsecretario Martin Soto intercedió a su favor para que su tropa le creyera: «Si hubiese mala fe, podrías tener reuniones con Deutsche y no registrar ninguna», confesó. Algunos empleados aceptaron tímidamente la oferta de repreguntar lo que quisieran. Fue entonces cuando Bausili volvió a defender a Caputo: «La plata del fondo (Noctua) no es suya. ¿Quiénes son los que tienen que declarar esos fondos? Los dueños. Ellos son los que tienen que sacar a la luz los fondos. El administrador no puede decir «todos estos son nuestros inversores, vayan a preguntarles si pagaron los impuestos», dijo.

Según el documento al que accedió este diario, los clientes de Noctua son apenas 19 megamillonarios que, junto con tres pooles de inversores, reúnen 486 millones de dólares. Ahora que Caputo es ministro y ya no su administrador, tal vez pueda escribir sus nombres en un papelito y entregárselo a la AFIP para que verifique si los declararon. Por si en algún caso hubo mala fe, como diría Soto.