La oposición busca frenar la designación de Lijo y García-Mansilla
La decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema ha generado un intenso rechazo en el Senado.
La oposición está organizándose para bloquear sus pliegos y desautorizar la decisión presidencial. Si logran reunir al menos 25 votos en contra, podrían impedir la aprobación y condicionar el funcionamiento del máximo tribunal durante el resto de 2025.
A diferencia de los decretos de necesidad y urgencia, las designaciones en comisión no requieren un tratamiento legislativo inmediato. Sin embargo, el Senado puede debatir y rechazar los pliegos presentados en mayo de 2024, invalidando así las designaciones de Milei.
Para evitar este escenario, el Gobierno podría retirarlos antes de la votación. Desde la Casa Rosada aseguran que seguirán adelante con el proceso para que la Cámara Alta los trate y defina su posición.
El interbloque de 34 senadores de Unión por la Patria ya había expresado su rechazo a cualquier pliego de jueces designados por decreto. Recientemente, reafirmaron esta postura cuestionando la constitucionalidad de la medida.
El senador radical Pablo Blanco también manifestó su desacuerdo, a pesar de haber estado inicialmente dispuesto a respaldar a García Mansilla.
Desde la UCR, el sector liderado por Eduardo Vischi criticó la decisión presidencial, calificándola de “grave, imprudente e innecesaria”, aunque no han confirmado si respaldarán el rechazo de los pliegos.
Para aprobar un pliego en el Senado se necesitan dos tercios de los votos, pero para bloquearlo basta con que 25 senadores se opongan. Unión por la Patria está cerca de alcanzar los 37 votos necesarios para abrir el debate y, si se suman algunos radicales y miembros del interbloque Provincias Unidas, podrían lograr el rechazo.
La sesión clave podría tener lugar al inicio de las sesiones ordinarias la próxima semana. Aunque en los últimos días se multiplicaron las críticas a la decisión de Milei, durante el período extraordinario de febrero ninguna fuerza quiso dar quórum para debatir los pliegos.
En la Casa Rosada creen que muchos senadores esconden su postura y que, si la sesión se lleva adelante, varios se verán forzados a apoyar las designaciones.
El Gobierno defiende su decisión argumentando que intentó avanzar por la vía institucional pero el Senado se negó a debatir. En su comunicado, la Presidencia advirtió que la falta de definición genera “un grave daño al funcionamiento de un poder de la República”.
Milei también señala que la Corte Suprema no puede operar con normalidad con solo tres jueces y que la medida busca garantizar su funcionamiento hasta que el Senado tome una decisión.
La propia Corte Suprema había advertido meses atrás sobre los problemas que genera la falta de ministros. En diciembre, emitió una acordada para acelerar el uso de conjueces en los casos donde no se pueda formar mayoría. Sin embargo, el juez Ricardo Lorenzetti cuestionó la medida y alertó que podía generar inseguridad jurídica.
En la oposición consideran que la falta de avance en el Senado se debe a la negativa del Gobierno a negociar. Unión por la Patria había propuesto discutir una ampliación de la Corte, la designación del Procurador General y otras vacantes en la Justicia Federal, pero Milei se rehusó a dialogar sin asegurarse previamente la aprobación de sus candidatos.
Un interrogante clave es si el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tomará juramento a Lijo y García Mansilla. Lijo solicitó licencia en su juzgado en Comodoro Py, pero esta debe ser aprobada por la propia Corte.
Si los jueces asumen y luego el Senado rechaza sus pliegos, podría generarse una crisis de legitimidad en el máximo tribunal. “La Corte va a ser acusada de ilegal”, advierten en el Congreso. La pregunta final es si el tribunal deberá decidir sobre su propia validez.
