¿Petroleros hizo justicia por mano propia contra los docentes?
Por Santiago Costa
Una columna de manifestantes con pecheras del sindicato de petroleros despejó el piquete en la ruta 3 y 26 hacia los yacimientos petroleros. La ruta estaba cortada hace más de doce días por la regional sur del sindicato docente Atech, en protesta por el retraso en el pago de sueldos.
El despeje de la ruta despertó la indignación general, porque si bien no fue una represión policial, si fue un acto de intimidación con amenaza de violencia. Los videos muestran a los petroleros desarmando y quemando las barricadas, pero no hubo que lamentar hospitalizados, quizás por la actitud prudente de los docentes, que no ofrecieron resistencia, o por la organización coordinada del sindicato petrolero, donde no hubo desbordes.
¿Por qué los docentes cortan los accesos a los yacimientos? Una respuesta superficial diría que para cobrar sus sueldos. Pero el origen del conflicto y los métodos para su resolución no son lo mismo. Los docentes utilizan el paro (van por la séptima semana), las masivas movilizaciones, las tomas de edificios públicos y otras medidas de fuerza para visibilizar su reclamo y poner de su lado la opinión pública en su disputa con el gobernador.
Pero cortan el acceso a los yacimientos porque su dirigencia entiende que es ahí «donde le duele» al gobierno, impidiendo la producción petrolera y cortando el flujo de regalías, que representa un tercio de los ingresos totales del gobierno.
La actitud petrolera
La actitud de los petroleros ante los cortes de ruta fue variando. Primero lanzaron un paro de 48 hs contra el gobierno nacional, que lo neutralizó dictando la conciliación obligatoria. Entonces el paro mutó en movilización para el miércoles 28 de agosto, cuando Jorge «Loma» Ávila se dirigió a los estatales y al gobierno ante una multitud de diez mil petroleros:
«No desconocemos la lucha, sabemos lo que es pelear y a lo que nos enfrentamos, tienen nuestro respeto y nuestra admiración. Vamos a hacer todo lo posible, lo que tengamos que hacer, para lograr esta mesa»
Ávila exigió al gobierno provincial que abra una mesa de diálogo y resuelva el conflicto. Mariano Arcioni, que tiene en Ávila a un socio (electoral y de gobierno) al que teme, en dos días se sentó a dialogar con todos los gremios.
Los docentes se retiraron insatisfechos de la reunión y lanzaron otro paro por una semana. Desde la regional sur de Atech llamaron «a reforzar las acciones en la ruta, cumpliendo un turno con tus compañeros. Es la acción que más ha visibilizado nuestro reclamo, logrando el apoyo de la comunidad y de los trabajadores petroleros”.
Ávila les advirtió que pasarían a trabajar «por arriba, por abajo o por el costado. No hay ninguna duda de eso. Por algún lado vamos a salir a trabajar. A esta gente no le interesa resolver el conflicto».
¿Quién paga el costo político?
Los docentes tienen otros métodos de lucha gremial que no involucran impedir a los trabajadores petroleros ir a trabajar ni lesionar las arcas provinciales (de la que ellos mismos dependen), pero el desalojo de la ruta fue por una fuerza de choque civil y no por la policía.
El ministro Coordinador Federico Massoni acusó repetidas veces a la justicia por inacción ante las denuncias presentadas desde el Ejecutivo para desalojar las rutas, luego de las detenciones (ocurridas en el mismo escenario de conflicto que ahora) de los sindicalistas docentes Daniel Murphy y Magalí Stoyanoff.
Esas detenciones, por las que todo el arco político puso el grito en el cielo y con razón, fueron por escasas horas y sin un rasguño. Una de las pocas cosas que Federico Massoni ha hecho bien (hasta ahora) fue no despejar con balas de goma o palo las rutas e inmediaciones de Casa de Gobierno.
La policía debió haber desalojado la ruta (pagando el gobierno el mucho o poco costo político por ello), pero el compromiso intermedio parece haber sido «dejar hacer» a los petroleros.
Los docentes denunciaron zona liberada por la policía y piden la renuncia inmediata del ministro Coordinador, algo que difícilmente suceda.
El periodista Diego Colinamun lucidamente comparó la inacción estatal frente a la acción gremial con el asesinato de Mariano Ferreyra. En ese caso un conflicto sindical terminó en una muerte producto de la ausencia del estado, que tercerizó el deber de garantizar el orden público.
Esta práctica que «evita la represión» deja la discrecionalidad del uso de la fuerza librada al buen o mal criterio de los dirigentes sindicales o sus mandos medios y no garantiza que a ningún peón «se le vaya la mano».
Si en el caso de los ferroviarios hubo un muerto y en el de los petroleros ningún hospitalizado, en el medio está el azar.
El gobierno del #Chubut vira al peligroso esquema de despeje de la calle del kirchnerismo. Esto terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra. Lo de petroleros fue un aviso y establee un antecedente preocupante.
— #Tanloufai (@decolinamun) September 4, 2019
Políticamente esta es una victoria de los docentes. Las imágenes del violento desalojo, rápidamente nacionalizadas, lograron lo que los paros y movilizaciones no pudieron: que Ctera llame a un paro nacional docente, al que adhirió el sindicato de Camioneros en Chubut.
Los petroleros pagaron un costo político en la opinión pública, pero si mantienen las rutas despejadas habrán cumplido su objetivo y poco les importará.
El gobierno no debe dejar el orden público a manos de particulares y debe pagar el costo político de hacer civilizadamente o no un desalojo, sabiendo que detenta el uso legítimo de la fuerza por mandato constitucional.
Es improbable que el ministro Coordinador Federico Massoni renuncie porque los gremios se lo exijan al gobernador. Será la Legislatura en todo caso quien deba hacerle juicio político y destituirlo.
