¿El gobernador Mariano Arcioni es una máquina de vetar?
Por Santiago Costa
Con el paso desde el poder absoluto de un individuo en la monarquía a la división de poderes en la república, quedaron algunos atributos de los reyes como herramientas constitucionales del poder ejecutivo.
De monarcas y republicanos
El indulto -el perdón a un condenado-, los decretos y los vetos son ejemplos notorios.
El primer caso se dio cuando el ex presidente Eduardo Duhalde indultó al ex carapintada Mohammed Alí Seineldín y al ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, condenados por alzarse en armas contra un gobierno constitucional.
Los decretos en cambio se dividen en ordinarios o de necesidad y urgencia. Los primeros son meros actos administrativos -nombramiento de funcionarios por ejemplo-, pero los segundos tienen carácter de ley que el Ejecutivo sanciona sin disponer de la mayoría de legisladores para aprobarla en la Legislatura.
Aunque los decretos tienen fuerza de ley, deben ser ratificados o rechazados por la Legislatura en un período de treinta días y por eso son jurídicamente más endebles que una ley y ciertos jugadores -como los acreedores internacionales- lo saben.
La legislatura necesita reunir una mayoría especial de dos tercios para derogarlos.
El caso de los vetos es opuesto: el ejecutivo no está en condiciones de impedir que se sancione una ley y en vez de promulgarla, la veta. La Legislatura a su vez puede «insistir» contra el veto y aprobar definitivamente la ley si reúne los dos tercios (18 legisladores).
Buenos términos
Es inadecuado pensar los vetos y decretos en términos morales, es decir, de gobernadores buenos o malos según veten o decreten más o menos. La política tiene otra lógica, pragmática, que persigue la gobernabilidad y la razón de estado (auto preservación, de un default por ejemplo).
Es la razón que dio el gobernador Mariano Arcioni para vetar la ley que ampliaba el directorio del Instituto de Serguridad Social y Seguros -Seros- de cuatro a seis miembros, incorporando a dos representantes gremiales, por la pérdida del control del ejecutivo sobre el organismo y con el argumento del peligro de sus finanzas.
“Voy a proteger a la obra social y al Instituto por eso vete la norma”
Si la cantidad de decretos o vetos de un gobernante no habla de su bondad o malicia ¿Qué indican? Su fortaleza o debilidad. Un gobernante poderoso, controla con su mayoría la Legislatura, porque ganó con sus votos en ambas categorías electorales.
Pero cuando se gobierna en minoría es donde los vetos y decretos relucen.
El heredero
Así como Mariano Arcioni heredó legalmente el gobierno, también heredó la minoría legislativa del último gobierno dasnevista. A eso debe agregarse el contexto de crisis financiera del estado y fuerte inestabilidad.
Partiendo de ese punto, el gobierno de Mariano Arcioni cosechó en sus dieciocho meses y medio un total de veintisiete vetos. De ellos, veintidós fueron vetos totales y solo cinco fueron vetos parciales.
Durante sus dos primeros meses de gobierno allá por 2017, el gobernador vetó tres veces. En los doce meses del año 2018 el mandatario provincial hizo dieciocho vetos. En los cinco meses y medio de 2019, fueron seis los vetos.
Sin embargo, algunos de esos vetos fueron «insistidos» por la Legislatura. Curiosamente, de los cinco vetos insistidos exitosamente por la oposición en la Legislatura, ninguno fue en 2017, solo dos -parciales- en 2018 y tres -totales- en 2019.
Eso marca un ciclo ascendente, que pudo deberse a la impericia del jefe de bloque suplente de Chubut Somos Todos (Roddy Ingram) o al clima electoral, de pocos incentivos para la cooperación entre oficialismo y oposición.
Hubo incluso capítulos inolvidables, como el veto a la ley que unificaba las elecciones provinciales con las nacionales o el veto al propio presupuesto.
Seis meses al cielo o al infierno
A futuro, queda preguntarse qué pasará con un gobierno que finaliza su gestión legalmente el diez de diciembre de 2019.
Si Mariano Arcioni no logra su reelección, los seis meses que van desde la elección hasta la entrega de gobierno pueden un verdadero calvario político, con la opción de adoptar el programa de gobierno del vencedor -en una suerte de transición anticipada- o gobernar más debilitado que nunca, a puro decreto y veto.
Salvo que ocurra el improbable escenario en que el gobernador pierda su elección, pero su lista de legisladores gane y goce de seis meses de una mayoría efímera.
En todo caso, una vez más se impone la reflexión sobre la necesidad de una reforma que habilite el recambio parcial cada dos años de legisladores, tal como se hace en la cámara de Diputados de la nación.
Solo así se logrará estabilidad institucional y política, que permita construir mayorías acordes al acompañamiento popular (premio a la gestión), disminuyendo la necesidad de vetos, decretos y mayorías non sanctas.
