Susto, madurez y susto en la Legislatura
Había presión para sesionar en una Legislatura que no se reunía hace dos meses. También un temario cargado de Decretos de Necesidad y Urgencia (que había que refrendar o rechazar), con el eje puesto en el monopolio del Ejecutivo en el gobierno de la sociedad chubutense durante los primeros meses de la pandemia global.
Primer susto
Existían dudas de que se pudiese llevar a cabo la sesión y se temía que un paro del sindicato la hiciera fracasar. Ángel Sierra, secretario general de APEL, mostró su descontento con el proyecto de autarquía financiera que él impulsó y festejó en un principio. Pero luego el dirigente se mostró en línea con las autoridades del Poder Judicial, que ponen en duda el efectivo financiamiento de los poderes propuesto en la ley.
El vicegobenador Ricardo Sastre, atento a lo delicado de la situación, dispuso la presencia de un escribano en el caso que los taquígrafos -claves para la legalidad de una sesión- se plegasen al paro. También indicó al área de prensa que hiciera la cobertura digital de la sesión, hasta con un celular si se mantenía el corte repentino de internet en la Legislatura.
Decididos a sesionar, los jefes de cada bloque llevaron adelante la reunión de labor parlamentaria -donde se definen los temas a tratar en la sesión-, y aunque el guiño sobre un pago de sueldos a APEL no llegó, la sesión se hizo con taquígrafos. La transmisión online fue de una imagen y audio impecables, que nunca se cortaron.
Segundo susto
La sesión incluyó una amplia variedad de temas, pero el principal y excluyente fue el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia declarando la Emergencia Sanitaria. Tal vez el DNU con mayor consenso social, fue una sorpresa cuando la oposición del Frente de Todos y Juntos por el Cambio logró anular el decreto.
Desde el Frente de Todos argumentaron que el DNU congelaba por seis meses las paritarias de los trabajadores de la Salud y que permitía sanciones disciplinarias por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo.
Sin embargo el DNU priorizaba el cobro de los agentes del sector -en un contexto de pago escalonado de salario público-, amparado en el contexto de exigencia del sistema sanitario por la pandemia de coronavirus. También permitía reasignar recursos para insumos al sector.
Si la historia hubiera quedado ahí, le habría quitado una herramienta de gestión fundamental al ministro de Salud Fabián Puratich, que podría haber renunciado.
Madurez
Sin embargo existía un consenso entre los tres espacios políticos para reintroducir la Emergencia Sanitaria como ley para ser votada sobre tablas, para lo que se requirió de dieciocho votos. Finalmente la ley se aprobó sin los artículos rechazadados (congelamiento de paritarias y sanciones por fuera del CCT).
La madurez de la oposición (dispuesta a acompañar la Emergencia Sanitaria, pero con modificaciones) y del oficialismo al aceptar pragmáticamente las modificaciones, desplegó una dinámica virtuosa y marcó límites al Ejecutivo sin obstruir la gobernabilidad.
Esa dinámica deberá ponerse a prueba en los grandes temas del futuro inmediato: el tratamiento del pliego del presidente del Banco Chubut, el proyecto de ley de autarquía financiera de los poderes Legislativo y Judicial; y el más estratégico de todos: la autorización legislativa para la renegociación de la deuda externa provincial.
Iván Pagliaroni compartió el mismo criterio que las autoridades judiciales frente al Ejecutivo: pidió información y que el poder legislativo participe de la confección de los proyectos.
Fue notable la soltura del vicegobernador Ricardo Sastre para moderar la sesión, como si tuviera más experiencia de la que realmente tiene en el puesto que estrenó en diciembre.
El susto latente
Entre tantos resultados positivos de está reapertura legislativa se encuentra uno negativo y es que la misma podría ser breve. Los legisladores no trataron la reforma del reglamento de la Legislatura para permitir que las sesiones sean virtuales (no confundir con la transmisión online de las sesiones presenciales).
Esa herramienta es la única que emancipa a los legisladores de la presión, muchas veces ilegítima, del sindicato legislativo. APEL impide sesionar con el justo argumento del retraso en el pago de sus elevados salarios (sus afiliados pertenecen al tercer y cuarto rango salarial).
Las tácticas que usa el gremio van desde el corte de los servicios -luz, agua, Internet- en los días de sesión, hasta la retención de servicios de los taquígrafos. Sin ellos las sesiones son inválidas e ilegales. La solución de apuro es suplirlos con la presencia de un escribano, que da fe y deja constancia de las actas de la sesión. Sin embargo tomar esa decisión es traumático para los legisladores porque los enfrenta con el gremio y tienden a evitarla.
Hoy prestaremos servicios, pero si no vemos un gesto mañana seguiremos con medidas de fuerza. Ángel Sierra
La solución de fondo es cortar el nudo gordiano de una vez, modificar el reglamento prácticamente en todo su capítulo XX (que versa sobre los «empleados, cuerpo de taquígrafos y versiones taquigráficas») e institucionalizar las sesiones virtuales. Así, quedará un «by pass» legal que otorgará a los legisladores una herramienta frente a la presión omnímoda del gremio.
Hace semanas el bloque del Frente de Todos emitió un comunicado donde afirmó que su posición “desde el primer día de desatada la situación por todos conocida, ha sido de sostener las sesiones presenciales con todos los recaudos sanitarios correspondientes”. Es llamativo cuando a nivel nacional Sergio Massa en Diputados y Cristina Fernández en Senadores implementan las sesiones virtuales.
Así las cosas, nada asegura que se sesione el jueves. Incluso el Vicegobernador Ricardo Sastre lo reconoció al decir que “desde mañana (miércoles), los trabajadores seguirán con las medidas de fuerza, va a ser muy difícil sesionar si no se resuelve la situación del pago de sueldos”.
