STIA aceptó la propuesta salarial de la CAPIP, pero no las sanciones
La Secretaría de Trabajo fue el escenario donde las autoridades del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) se reunieron debido al vencimiento de la conciliación obligatoria.
Durante esta audiencia, el representante de las empresas presentó una oferta salarial superior a la petición de STIA y argumentó que la pérdida de más de 25 días de trabajo, la imposibilidad de continuar trabajando en lo que quedaba de la temporada y la falta de ingresos de sus afiliados en la segunda quincena de febrero eran responsabilidad del gremio.
La CAPIP aceptó la propuesta económica solicitada por STIA, aunque con algunas condiciones. Estas incluyeron una modificación en la forma de pago y en la posición respecto a las suspensiones, que se aclaró podría ser revisada parcialmente.
Sin embargo, el gremio volvió a adoptar una postura negativa hacia las negociaciones, lo cual fue considerado inconveniente por la Cámara.
La CAPIP también propuso aumentar el salario mínimo a partir del 1 de marzo, pasando de $170,000 a $176,000 para las categorías de jornalizados 1 y 2, y de $170,000 a $176,000 para la categoría de mensualizados.
Además, se sugirió mantener actualizado el valor del salario mediante un bono no remunerativo de $150,000 que se abonará gradualmente según el siguiente gráfico: $230,000 en febrero, $230,000 en marzo, $230,000 en abril y $230,000 en mayo.
Esta cantidad se dividirá por mitad y se abonará en cada quincena, dependiendo si el personal sea mensualizado o jornalizado.
También se agregó cuatro pagos mensuales de $57,500 como garantía de paz social, que se pagarán a partir de la segunda quincena de febrero de 2024.
Este valor propuesto más lo ya abonado representa un aumento del 261% de ajuste salarial para el periodo que va desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024.
Las sanciones
La propuesta de CAPIP en términos salariales fue aceptada por el STIA, pero no hay acuerdo sobre sanciones y descuentos por suspensiones aplicadas a los trabajadores. Solicitaron la intervención de la asesoría legal de la cartera laboral para su evaluación.
«A esta altura del trámite administrativo sobra aclarar que la búsqueda de fórmulas de consenso, en el marco legal de la C.O. debió haberse realizado en un clima de paz laboral, sin la materialización de medidas de fuerza de ninguna naturaleza; y ello, fue abiertamente desoído por el Sindicato» dijo CAPIP.
«Más allá que todo esto fue debidamente denunciado y acreditado ante esa Autoridad Laboral, la Entidad Sindical, no ceso en su actitud, por el contrario, la endureció, protagonizando hechos de mayor violencia» señaló.
