Bullrich y Gustavo Saenz instalarán un alambrado entre Salta y Bolivia
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Gobierno de Salta, instalará un alambrado de 200 metros de extensión en la frontera con Bolivia para frenar el ingreso ilegal de personas y drogas.
Contra el narcotráfico y la trata de personas
El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, anunció este lunes la licitación de la compra de materiales y la instalación de la cerca. Este proyecto se enmarca dentro del Plan Güemes, que aborda delitos federales en el norte de Salta, sobre todo en las localidades de Orán y Aguas Blancas, al ser consideradas áreas críticas por su conexión estratégica con Bolivia.
Los objetivos principales del plan buscan combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y fortalecer el control fronterizo y mejorar la capacidad de análisis criminal.
Desde el ministerio liderado por Patricia Bullrich se desplegarán 310 efectivos de fuerzas federales y se incrementará la presencia en puntos críticos como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “Ruta de la Droga”.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán argumentó que la cerca tiene como objetivo «evitar la expansión de la narcofrontera»: “Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol».
Rechazo oficial boliviano
El Gobierno de Bolivia expresó su preocupación este domingo, ante la medida anunciada por Argentina de construir un alambrado divisorio entre las ciudades Aguas Blancas, de Santa Fe, y Bermejo, de Bolivia.
Mediante un comunicado, la cancillería boliviana señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. Asimismo, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que solicitará información oficial a través de los canales diplomáticos correspondientes para evaluar acciones pertinentes.
El ministro de Justicia boliviano, César Siles calificó la decisión como una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.
