Argentina denunció en la Corte Penal asedio a embajada en Caracas
Argentina denunció al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio a su embajada en Caracas, donde seis dirigentes políticos opositores se encuentran asilados.
Desde hace más de una semana, el régimen chavista interrumpió el suministro de energía eléctrica y agua en la embajada, que actualmente opera bajo la bandera de Brasil tras la expulsión de la delegación diplomática argentina en agosto.
Mario Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos y representante ante la CPI, expresó que “Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”.
El diplomático también alertó sobre el asedio a la embajada por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados, lo que ocurre en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas están en peligro.
Los seis asilados son colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, y el gobierno venezolano sospecha que están involucrados en la planificación de acciones «terroristas».
Oyarzábal solicitó a la CPI que actúe “con determinación” para juzgar los “crímenes de lesa humanidad” atribuidos al gobierno venezolano. En su intervención, subrayó que “la situación en Venezuela exige una atención inmediata” y lamentó la falta de avances en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
El embajador destacó que “desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”, afirmando que “Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho”. Denunció que los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y que la voluntad democrática de la población es ignorada deliberadamente.
Finalmente, advirtió que “la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
