EEUU pidió rechazar el reclamo de fondos buitre por los activos de YPF
El gobierno de Estados Unidos intervino a favor de Argentina en un caso judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El Departamento de Justicia recomendó a la jueza Loretta Preska rechazar la solicitud de los fondos buitre Burford y Eton Capital, quienes buscan quedarse con activos de YPF para cobrar un fallo que obliga a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera.
La noticia se conoció el mismo día en que Donald Trump fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. En su escrito, el Departamento de Justicia argumentó que la orden de los demandantes «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos». Según el abogado Sebastián Soler, el gobierno estadounidense solicitó a Preska que desestimara la demanda.
Sebastián Maril, analista del caso, afirmó que este apoyo del gobierno estadounidense era esperado. Señaló que se violan ciertas leyes locales y advirtió sobre la posibilidad de reciprocidad en futuras acciones legales entre Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que esto no afecta el fallo por los 16.000 millones ni las apelaciones relacionadas.
Los fondos Burford y Eton Capital, que ganaron el juicio por la expropiación de YPF en 2012, pidieron que Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago mientras avanza el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ante la negativa de Argentina, los demandantes comenzaron a buscar activos embargables.
La Procuración del Tesoro se comunicó con el gobierno de Joe Biden para informar sobre el juicio y sus posibles implicaciones. Las acciones que posee Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no cotizan en Nueva York.
En septiembre, el gobierno estadounidense solicitó tiempo para evaluar si presentaría un escrito sobre el pedido de los demandantes. La fecha límite para su opinión era el 6 de noviembre, justo después de las elecciones presidenciales en EE.UU.
Los fondos sostienen que el gobierno anterior no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre todas las acciones, como exige el estatuto de YPF. Este estatuto establece que cualquier inversor que compre más del 15% debe hacer una oferta al resto de los accionistas.
La defensa argentina argumenta que la Constitución prevalece sobre el estatuto corporativo y se rigió por la ley de expropiación.
Durante el juicio, se detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español y un 30% de cualquier indemnización resultante por el derecho a demandar tras la quiebra de las empresas Petersen, que eran accionistas de YPF.
