El gobernador Torres avanzó en el reordenamiento del Estado
El gobernador, Ignacio Torres, ofreció una conferencia de prensa en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial, acompañado por el vicegobernador, Gustavo Menna y el ministro de Economía, Andrés Meiszner.
Durante el evento, presentó los resultados parciales del Censo de Empleados Públicos, que no incluye a los agentes de Salud, ISSyS ni Educación, y detalló las medidas para el reordenamiento del estado.
De los 46.000 empleados de la Administración Pública Provincial, cerca de 6.500 están en condiciones de jubilarse. Torres calificó como «muy malo» el número de 4.973 adscripciones, que representan el 11% del total del personal activo; además, 250 de estos están en organismos fuera de la provincia.
También se identificaron casi 6.000 personas en situación irregular, es decir, aquellos que no se censaron o que el organismo no reconoce.
Asimismo, se mencionó que hay 6.080 agentes que no completaron sus estudios primarios o secundarios y el Ministerio de Educación ofrecerá capacitación al respecto, aunque no se especificó si será obligatoria o voluntaria con incentivos.
A partir del 31 de diciembre, todas las adscripciones cesarán y solo se permitirán mediante decreto del Ejecutivo. Se otorgará un plazo máximo de dos años para aquellos dentro de la provincia y un año para quienes estén fuera. Después de este período, los empleados deberán ser absorbidos por el organismo o regresar a su puesto original.
Torres también informó sobre sanciones para quienes no realizaron el censo a tiempo (13%), suspensiones salariales para aquellos en situación laboral irregular (1.2%) y cesantías para quienes no asisten a trabajar (0.3%).
Además, se impulsará la ley del «3×1» para nuevos ingresos hasta finales de 2027, estableciendo que las contrataciones serán por concurso obligatorio, salvo excepciones para profesionales y técnicos.
Finalmente, el gobernador anunció la eliminación de 168 cargos políticos y jerárquicos. En adelante, todas las recategorizaciones y reubicaciones deberán realizarse mediante concursos públicos.
