El Gobierno disolvió la Unidad Especial de Desaparición de Niños
El Gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la «Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños» como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
La Unidad, creada en 2004 en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores, con acceso a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, incluidos los de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Además, le permitía requerir información, testimonios y documentos a estos organismos, los cuales debían ser proporcionados en el plazo establecido.
Esta unidad también podía investigar de forma autónoma para identificar a los responsables de posibles delitos cometidos durante la última dictadura, lo que implicaba un acceso irrestricto a información y documentación que, por su naturaleza, corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal.
El Gobierno argumentó que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se señaló que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
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El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que «la existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional».
La cartera también argumentó que «gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, violando el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas»
