El Senado aprobó la nueva fórmula jubilatoria, Milei dijo que la vetará
En las últimas 48 horas, el Gobierno sufrió tres derrotas: perdió la presidencia de la Bicameral de Inteligencia, Diputados rechazó el DNU de la SIDE, y ahora el Senado aprobó el proyecto de ley de aumento de jubilaciones.
El Gobierno confirmó que el mandatario Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento, ya que aseguró que esa norma aprobada «tiene como único objetivo destruir el programa económico».
El proyecto que se aprobó estableció una actualización mensual basada en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
El proyecto tuvo el apoyo de la UCR, el Pro, el kirchnerismo y los bloques provinciales. La oposición logró proteger todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional, alcanzando los dos tercios necesarios. La votación se realizó con 61 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.
Los tres representantes de Chubut votaron a favor de la Reforma Jubilatoria: Edith Terenzi y María Cristina, del PRO, y Carlos Linares, de Unión por la Patria.
Además del aumento y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa preveía que, en marzo de cada año, se aplicara un incremento del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) sobre la variación del IPC del año anterior.
Asimismo, se establecía que la ANSES «garantizaría, para el caso de las personas que percibieran un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no fueran menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09«.
La ley también instruía a la ANSES a cancelar la totalidad de las deudas con las provincias cuyos sistemas previsionales «no fueron transferidos al Estado nacional», así como con los beneficiarios que contaran con sentencia firme, dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de esta ley.
Se estima que su aprobación generaría un gasto del 0,43%, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante esta situación, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto.
