Fondo buitre quiere embargar activos de Aerolíneas Argentinas
El fondo buitre Burford Capital busca embargar activos de Aerolíneas Argentinas para cobrar un fallo judicial a su favor por 16,000 millones de dólares en el juicio relacionado con la estatización de YPF.
Según informó Financial Times, Burford también pretende embargar activos de Arsat, Enarsa y el Banco Nación, argumentando que estas entidades son «alter egos» del Estado argentino, aunque los abogados del país niegan esta posibilidad.
Burford cuenta con un fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, quien falló a su favor en el caso de la expropiación de YPF, que fue liderada en 2012 por Axel Kicillof, entonces ministro de Economía.
El argumento del «alter ego» sostiene que empresas como Aerolíneas e YPF, así como organismos como el Banco Central y Arsat, son extensiones del Estado argentino, lo que permitiría embargar sus activos en el exterior en favor de Burford.
El artículo también menciona que Burford ha iniciado un «largo viaje» para hacer que Argentina pague, recordando un caso similar del fondo buitre Elliott, que duró quince años y culminó en un acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente, las presentaciones legales de Burford acusan a los abogados argentinos de «procedimientos descarados» para frustrar sus esfuerzos de recuperación.
El Financial Times señala que el presidente Javier Milei, con una ideología opuesta a la administración de Cristina Fernández de Kirchner, ha expresado su intención de reprivatizar YPF y otras empresas estatales. Milei ha manifestado su disposición a pagar si la apelación en curso no tiene éxito, aunque la disputa entre Argentina y Burford es más contenciosa que nunca, según documentos del juicio.
Estos documentos revelan las «dramáticas movidas» que podrían seguir, con los abogados litigantes buscando permiso judicial para examinar grandes porciones del Estado argentino, incluyendo Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, ambos con activos en Estados Unidos.
Los abogados de Burford argumentan que estas empresas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado y son «alter egos de la República», lo que implicaría que son propiedad y están controladas por el Estado argentino.
Una determinación judicial de este tipo facilitaría la toma de activos por parte de los acreedores. Sin embargo, personas cercanas al gobierno argentino confían en ganar una apelación y consideran que los acreedores están en una «expedición de pesca» cuyo objetivo es «avergonzar al país». Aseguran que no hay «activos sustanciales» de Argentina en la jurisdicción de Estados Unidos.
Los abogados argentinos han negado que las entidades en cuestión sean «alter egos» del Estado, argumentando que fallos previos de la justicia estadounidense respaldan que son «operacionalmente separados del Estado». Burford ha solicitado permiso judicial para investigar cuán «estrechamente relacionadas» están algunas compañías con el Estado.
En su presentación, citan a YPF, cuyo valor de mercado es de 10,700 millones de dólares, de los cuales el Estado argentino posee el 51%. También argumentan que gobiernos anteriores han utilizado YPF para nombrar amigos políticos y fijar precios locales de combustibles, lo que demostraría que «es un brazo del Estado».
Piden que la Justicia ordene a la República transferirles sus acciones en YPF, que posee activos petroleros y gasíferos valiosos, incluida la formación Vaca Muerta.
Sebastián Maril, de Latam Advisors, un experto en el caso, señala que los activos de YPF más accesibles para los acreedores serían los bonos corporativos, algunos de los cuales están garantizados por las exportaciones de petróleo de la compañía.
El precio de esos bonos «colapsaría» si YPF fuera considerada «alter ego» del Estado argentino, incluso si los litigantes no pudieran acceder a ellos.
La intención de los demandantes es forzar a Argentina a negociar, aunque personas cercanas al gobierno sostienen que ninguno de esos activos estaría al alcance de los acreedores y que las acciones de YPF son «absolutamente inmunes» a un embargo.
Además, afirmaron que no hay negociaciones en curso con los litigantes mientras continúe el juicio. Maril considera que esta postura es un «gran error y costosa decisión», como la historia ha demostrado.
En cuanto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), los abogados de Burford argumentan que es un «instrumento del Estado» y que Milei ha prometido cerrarlo, lo que indicaría que el Estado argentino está a cargo de la entidad.
Expertos consultados por el Financial Times señalaron que las reservas de los bancos centrales, de las que el BCRA tiene pocas, gozan de «fuerte inmunidad contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones, incluido Estados Unidos». Sin embargo, también se menciona la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de enviar al exterior una parte de los 4,700 millones de dólares en oro del BCRA para «generar retornos».
Burford también apunta a embargar Aerolíneas Argentinas, que Milei intentó privatizar sin éxito. La aerolínea controla el 60% del mercado local de vuelos y cuenta con una flota de 84 aviones, la mayoría bajo contratos de leasing. Los litigantes argumentan que Aerolíneas está plagada de «nombramientos políticos» y ha sido acusada de una gestión deficiente.
Otros activos en la mira de Burford son Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones; Enarsa, enfocada en la importación y distribución de energía; y el Banco Nación, el mayor banco minorista de Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami. Todas estas compañías son objetivos de privatización del gobierno de Milei.
