La Legislatura metió la cola en la transición de gobierno
Por Santiago Costa
A solo una semana de que el país elija un nuevo presidente y a un mes de que el gobernador electo Nacho Torres asuma el gobierno, la Legislatura suspendió dos de las últimas tres sesiones y metió presión para que todo se haga rápido y mal en la última del jueves 30 de noviembre.
Curiosamente las sesiones no se suspendieron por un conflicto partidario -en esta época transicional donde se desdibujan las lealtades-, sino gremial. El sindicato legislativo APEL hizo retención de servicios a la primer sesión y hubo un repentino corte de agua en los baños previo la segunda.
El gremio presiona a los legisladores para que voten la recategorización de 55 empleados de planta permanente, lo que abrirá al menos 15 vacantes y cuya lista la integran familiares directos del jefe sindical, de legisladores del oficialismo y de la oposición.
APEL le recuerda al nuevo gobierno su poder: es capaz de paralizar uno de los tres poderes del Estado.
Bienvenido
Nacho Torres observa un conflicto en el que todavía no tiene los recursos para intervenir plenamente. Necesita que se apruebe el Presupuesto 2024 y que se autorice el refinanciamiento de la deuda externa (que incluye nueva deuda por 200 millones de dólares).
Aprobar el Presupuesto requiere mayoría simple (14 votos), pero aprobar la refinanciación de la deuda requiere mayoría especial (21 votos).
El torrismo hoy cuenta con 1 legisladora (Andrea Aguilera), pero recibirá la ayuda de varios peronistas que quieren sumar gente en las segundas líneas de gobierno, o gobernarán municipios y quieren garantías de fondos.
Pero los legisladores que se van venden caro sus útlimos votos. ¿Los venden a cambio de ubicar familiares o asesores en la planta permanente de la Legislatura?
Y-responsables
Son varios los responsables de llegar a esta situación: el presidente de la cámara, Rircardo Sastre; el secretario general del sindicato, Ángel Sierra; y los siete legisladores que integran la Comisión Paritaria Permanente: Mariano Aranibar, Graciela Cigudosa, Gabriela De Lucía, Emiliano Mongilardi, Manuel Pagliaroni, Mario Mansilla y Adriana Casanovas.
Ángel Sierra quiere recategorizar a su pareja en el cargo de Subdirectora de Personal, que está subrogando pero no quiere concursar.
Entre las vacantes que generarían las recategorizaciones, además quiere ubicar a su hermana (de él) como abogada en el área de Digesto. Lo mismo quiere el presidente del bloque oficialista para su asesor legal.
La hija de Graciela Cigudosa, que ingresó a la planta permanente hace apenas un año, ya está en la lista para ser recategorizada.
La ex ministra de Educación además quiere ingresar a planta permanente a Cynthia Evans, su nuera y ex funcionaria, condenada por perjurio en el juicio por sobreprecios en obras contratadas por el Ministerio de Educación (del que la ex ministra fue absuelta).
Mariano Aranibar, Gabriela De Lucía y Adriana Casanovas quieren dejar en planta a sus secretarios y secretarias; Manuel Pagliaroni a su esposa.
Un veterano legislador oficialista, que ocupó la presidencia de la Cámara en el mandato anterior, busca ubicar a su hija como la Secretaria de Comisión. La mujer de un ex ministro nacional también está en el listado de ingresantes a la planta permanente.
La presidencia también impulsó la extensión de la adscripción de dos familiares directos por un año. Pero terminó acordando con las autoridades electas mantender la colaboración financiera a Madryn. El Secretario Habilitado, pareja de una concejal de Madryn, que ingresó con el cargo más alto en el área de mantenimiento, ahora busca recategorizarse en el área administrativa. Es resistido por maltratar al personal.
Desafíos
Este conflicto representa toda una prueba para el vicegobernador electo Gustavo Menna, que asumió con un rosario de promesas sobre transparencia y digitalización de comisiones y sesiones; austeridad en el gasto y eliminación de los fueros. Tendrá que lidiar con Ángel Sierra, secretario general de un sindicato poderoso y con fondos, pero parte de una Legislatura muy desprestigiada ante la sociedad.
¿Por qué cada legislador/a que pasa por la Legislatura se siente con derecho a dejar a su asesor como empleado de la planta permanente? ¿Por qué hay tantos familiares nombrados?
¿Por qué se dejan los nombramientos para las últimas sesiones, dando la misma impresión de urgencia y desprolijidad que con la ley de minería o la derogación de las PASO?
Andrea Aguilera impulsa que en la última sesión se lean todas las resoluciones con los nombramientos. ¿Por qué no?
