La transición en la Legislatura y el encastre del poder
Decía Maquivelo que es más difícil traspasar el poder que conquistarlo o incluso retenerlo. Por eso duró tanto la monarquía hereditaria, la forma más simple y menos traumática de hacerlo.
En Chubut afortunadamente existe la división de poderes provincial: uno ejecutivo, uno legislativo y uno judicial.
¿Dónde se hará el traspaso del poder real, en el Ejecutivo o en el Legislativo?
Mariano Arcioni ganó las elecciones, fue reelecto para otro mandato y tendrá mayoría legislativa. De los veintisiete legisladores electos, dieciséis corresponden al oficialismo, ocho al Frente de Todos y tres a Cambiemos.
Hilando fino
Con la actual Legislatura, Mariano Arcioni mantiene una guerra de vetos, que se actualiza sesión a sesión y suma insistencias que tuercen el brazo del gobernador.
Sería esperable que la Legislatura, dominada desde el diez de diciembre por una mayoría oficialista, fuera más favorable a los proyectos de ley que impulse el gobernador que la actual, hegemonizada por la oposición.
¿Entonces por qué el gobernador Mariano Arcioni envía su proyecto de reestructuración de deuda con esta Legislatura «vieja» y no con la «nueva»?
¿Por qué envía ahora y no en diciembre el proyecto para reformar la Ley de Ministerios ?
¿Teme que sus aliados electorales, por su voracidad, no sean sus aliados de gobierno?
Aliados
La Legislatura nueva que ingresa a fin de año será fuerte, porque tendrá cuatro años por delante asegurados. El problema de esa mayoría oficialista de dieciséis legisladores es que no tiene un único jefe, el gobernador, sino que está «loteada».
Tres legisladores responden a Ricardo Sastre (Xenia Gabella, Miguel Antin y Mariela Williams), tres a Adrián Maderna (Leila Lloyd Jones, José Giménez, Terso Chiquichano) y ¿dos? a Jorge Ávila (Carlos Gomez y Emiliano Mongliardi).
José González (Mary Cativa) de Luz y Fuerza y Alfredo Béliz (Gabriela De Lucía) de Comercio, también son aliados.
Los propios de Mariano Arcioni son Juan Horacio Pais, Rossana Artero (solo si pierde su delfín en Rawson, sino será una «socia» más), Graciela Cigudosa, Pablo Noveau, Roddy Ingram y Zulma Anden.
Escobas
Aunque la Legislatura actual está llena de tiburones antiarcionistas, muchos de ellos se quedaron sin dientes. La abrumadora mayoría de los legisladores no renueva mandato y eso los enfrenta a su peor temor: la desocupación política.
Los bloques se rompieron, hay muchos jugadores sueltos y varios son permeables a negociaciones que les aseguren, si no una jubilación, al menos un retiro voluntario.
El gobernador Mariano Arcioni acaba de ser reelecto y como todo político después de una elección triunfal, se encuentra poderoso en la opinión pública.
Por eso esta composición legislativa, que las elecciones anticipadas dejaron «vieja» (pero que legisla hasta diciembre), es «débil» y está llena de ex bloques.
En el ex bloque del ex FPV, los tres mackarthystas mantienen su unidad. Aquí podría agregarse a los antiarcionistas duros como Gabriela Dufour, Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla. También a los tres legiladores de Cambiemos (Iván Pagliaroni, Eduardo Conde y Jaqueline Caminoa).
En el «bloque Comodoro», que responderá a lo que pida Carlos Linares, se cuentan Viviana Navarro, Leandro Fita, David Gonzálrez.
Los casos de Javier Touriñan y Estela Hernández están atravesados por la dinámica electoral de Comodoro y nacional, donde rivalizan con Linares y Arcioni respectivamente, pero de forma amable.
«Flotando» quedaron Alfredo Di Filipo, Mario Mansilla, José Grazzini, Jerónimo García, Alejandro Albaini, Cristina De Lucca. En más de un caso la necesidad de contener asesores, militantes y familiares en la gestión hará su juego de desgaste.
Arcionistas por convicción o aliados son hoy Roddy Ingram (que se ilusiona vanamente con ser el próximo jefe de bloque), Zulma Andén, Adrián López, Alejandra Johnson Táccari (mientras Luis Aguilera siga siendo el subsecretario de Asuntos Municipales), Cecilia Otarola, ¿Carlos Gomez? y Sergio Brúscoli.
Puente Luque
El gobernador cree que su buen vínculo con Juan Pablo Luque, candidato a heredar políticamente el municipio de Comodoro, puede acercarlo a un entendimiento con Carlos Linares.
El actual intendente de la ciudad petrolera insistió durante toda la campaña en la necesidad de que la provincia refinancie su deuda pública (de aproximadamente mil millones de dólares), para evitar un ahogo financiero que paralice al sector público y la economía provincial, como sucedió en 2018.
Si la renegociación de la deuda la lleva adelante el gobierno provincial, es la Legislatura quien la autoriza (los plazos, los intereses, los agentes financieros, etc) y vela por los mejores términos y transparencia.
Mariano Arcioni necesita dieciocho votos (dos tercios del total), en una Legislatura en la que cuenta con apenas siete votos. Si logra un acuerdo con Carlos Linares (que implique apoyo en las elecciones municipales), sumará tres, tal vez cinco votos.
Descontando los seis legisladores duros, quedan ocho votos flotando, algunos con más ganas (y menos pretensiones) de acordar que otros.
¿Cree Mariano Arcioni que de esta manera logrará menos traumáticamente aprobar una ley vital para su segunda gestión y la más estratégica en términos de gobernabilidad?
¿Teme quedar prisionero en diciembre de una desventajosa negociación con sus poderosos aliados electorales?
Quedan pagar en este 2019 ochenta millones de dólares en vencimientos de deuda, que al cambio de hoy son tres mil seiscientos millones de pesos ($3.6000.000).
Pero los vencimientos de deuda son trimestrales. Se pagó en enero y abril, se está pagando en julio y será el último pago del año en octubre.
Es evidente que al no ser inmediato el impacto de la autorización legislativa a renegociar la deuda, lo que se busca en la urgencia no es un ahorro económico, sino político.
La transición de poder se verá en la nueva Legislatura y la tensión que generen los acuerdos ley por ley entre los varios jefes de la bancada oficialista.
Por eso tal vez también quiera el gobernador apurar una ley de reestructuración de ministerios, para que a la hora en la que los aliados electorales pidan ubicar funcionarios en áreas de poder en el gabinete, esos lugares ya no sean tantos.