Retiro voluntario en el Estado, una película que ya se vio varias veces
Por Oscar Oszlak
El Gobierno acaba de anunciar la adopción de un régimen de retiro voluntario para el personal del sector público, con el manifiesto propósito de aligerar la dotación de empleados de la administración pública nacional. Para quienes seguimos de cerca las vicisitudes de la organización y el funcionamiento del Estado, no es una novedad. Los argentinos hemos visto esta película muchas veces.
A comienzos de 2000, cuando ya se avecinaba su colapso, el gobierno de De la Rúa anunciaba que unos 113.000 empleados públicos podrían optar por adherirse a un sistema de retiro voluntario. La medida pretendía «obtener una mayor eficiencia y racionalizar el gasto público». Pero no era una novedad, ya que antes Raúl Alfonsín había apelado a este mecanismo en dos oportunidades con igual propósito y, en 1990, Carlos Menem había instituido un régimen similar, aunque un poco más «generoso» en cuanto al monto de la indemnización ofrecida a cambio de la desvinculación del personal.
En todos los casos, los regímenes de retiro voluntario establecieron restricciones con respecto al personal que podía optar por retirarse. No podían hacerlo los empleados de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de los servicios de inteligencia del Estado ni aquellos que tuvieran pendientes situaciones penales, sumariales o mantuvieran juicios contra el Estado. Tampoco, quienes estaban tramitando su jubilación, ya percibieran un haber jubilatorio o algunas otras excepciones. Además, siempre se dispuso que quienes se retiraran por adhesión a este régimen no podrían reingresar a la función pública hasta que hubieran transcurrido cinco años. Y, como medida importante, la simple voluntad de retirarse no era suficiente para que a un empleado se le concediera el retiro: la máxima autoridad de su institución de revista debía autorizarlo expresamente, pudiendo rechazar su solicitud por razones de servicio.
Conviene repasar la historia de estas experiencias. Los retiros voluntarios instrumentados durante las décadas del 80 y el 90 recibieron la adhesión de alrededor del 3% del personal que estaba en condiciones de retirarse, mientras que la estimación para el gobierno de De la Rúa se ubicaba en el 2,65% (unos 3000 empleados). Hoy se estima entre 3000 y 5000 el número de quienes se acogerían, apuntando sobre todo al personal más próximo a la edad jubilatoria. Cabe recordar que en tiempos de Menem la reducción de la planta de personal se produjo a través de varios mecanismos, además del retiro voluntario, tales como jubilaciones anticipadas y cesantías. El Estado gastó en aquella época 1229,5 millones de dólares para pagar las indemnizaciones, con fondos obtenidos del Banco Mundial, aportes del Tesoro y del Banco Nación. En una época de paridad cambiaria (un peso igual a un dólar), muchos abandonaron el sector público con indemnizaciones superiores a los 100.000 dólares.
No pocos consiguieron el retiro pese a la oposición de sus superiores inmediatos, para lo cual acudían a contactos de mayor jerarquía. Recuerdo el caos producido en la gestión pública ante la salida de personal clave en ciertos procesos de trabajo. Es como si en una sala de operaciones se retiraran, sin reponerlos, el anestesista o quien maneja el instrumental del cirujano. Para colmo, buena parte de los retirados o expulsados regresaron como empleados «contratados», dando origen al aberrante sistema de empleo público a través de los «contratos basura», renovables por períodos breves y sin vínculo laboral estable, ni beneficios sociales ni representación sindical.
La película Retiro voluntario también se «exhibió» en numerosas provincias. Cuando Néstor Kirchner asumió como gobernador de Santa Cruz en diciembre de 1991, dictó el decreto 309/92 (rubricado por Carlos Zannini, Ricardo Jaime y Alicia Kirchner), declarando la imposibilidad de pagar sueldos, recortando un 15% los salarios de los empleados públicos y disponiendo la apertura de un registro para que el personal pudiera optar, previa indemnización, por su retiro voluntario. Pronto la planta de personal crecería desmesuradamente. Otros gobiernos provinciales lo hicieron en distintos momentos o, con ayuda del gobierno nacional, lo están considerando (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, Chubut, etc.).
¿Adónde me llevan estas reflexiones? Esencialmente, a reiterar argumentos sostenidos durante muchas de esas experiencias, a las que me opuse. O a plantear la necesidad de extremar los recaudos con que se ponen en marcha regímenes de este tipo. Casi ninguno de los casos de retiro voluntario anteriores fue, precisamente, exitoso. En todo caso, produjeron un efímero alivio en las finanzas públicas que otras decisiones pronto se encargaron de desbaratar. Muchos de los que se acogieron al retiro adquirieron taxis o abrieron quioscos o pequeñas despensas, la mayoría de los cuales no consiguieron sobrevivir en un mercado laboral crecientemente precarizado. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta la futura inserción laboral de quienes deciden retirarse, a veces obnubilados por la posibilidad de que un pequeño capital les permita una independencia que a menudo deriva de un efímero cuentapropismo.
Otra consideración a tener en cuenta es que quienes adhieren a este régimen suelen tener mayor confianza en conseguir fácilmente un empleo en el sector privado, lo cual coincide a la vez con la mayor formación y experiencia de ese personal. O sea, terminan yéndose los mejores. Este argumento no es desconocido por el Gobierno ni por los gobiernos previos que adoptaron este régimen. Por lo cual se vuelve especialmente crítica la instancia decisoria de las autoridades que deben acordar o no el retiro. Y esto, a su vez, exige un profundo conocimiento sobre los antecedentes y competencias de los agentes solicitantes, lo que no siempre ocurre, además de que es difícil soportar la presión de quienes están decididos a irse. Si, por ejemplo, el único saxofonista tenor de la Orquesta Sinfónica Nacional decidiera retirarse, el director debería optar entre contratar a otro o interpretar obras que no incluyan este instrumento. A menos que se descongelara la vacante, lo cual haría perder sentido al retiro. Generalizando este razonamiento, sería necesario evaluar con mucho cuidado cuál es la «función de producción» requerida para lograr los resultados en cualquier campo de la gestión estatal.
Bueno sería que en lugar de convertir el empleo público en una puerta giratoria, por la que se ingresa o egresa discrecionalmente, según la voluntad del gobierno de turno, se planificaran rutinariamente las plantas de puestos y de sus ocupantes, de modo de anticipar las reales necesidades de la gestión y los elencos requeridos. Para ello, es esencial el manejo de la tasa de rotación del personal. Así, en casos de plantas excesivas, el gobierno debería ofrecer la opción de retiro voluntario solo en los puestos supernumerarios, además de generar los incentivos para cubrir puestos críticos vacantes. Es hora de que esta voluntad planificadora se instale definitivamente en la gestión pública, de modo que el «tamaño del Estado» no dependa solo de la voluntad expansiva o jibarizadora de quienes nos gobiernan.
