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Rosendo Fraga analiza la «reconversión militar»

La “Reconversión Militar” anunciada por Mauricio Macri es coherente con las misiones que impartió a las Fuerzas Armadas a poco de iniciar su gobierno. El 29 de mayo de 2016, públicamente dijo que sus misiones eran tres: ser instrumento de la política exterior, entendiendo por ello participación en fuerzas de paz, ejercicios multinacionales, etc.; la protección del medio ambiente y la participación en la lucha contra el terrorismo, en función de participar en coaliciones globales contra él.

El 3 de julio del mismo año, en la Cena Anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas, agregó otros tres: cooperar en la protección de las fronteras, cooperar en la lucha contra el narcotráfico y asistir en las emergencias sociales. Se tardó dos años en implementar estas misiones que ahora se traducen en una directiva y un decreto.

Por un lado, se modifica el decreto 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988. Fue firmado durante la gestión de Néstor Kirchner siendo ministra Nilda Garré. Iba más allá de lo establecido por la norma, de acuerdo a la cual, las amenazas internas eran enfrentadas por las fuerzas de Seguridad y las externas por las Fuerzas Armadas. La mencionada reglamentación estableció que la amenaza externa debía ser de la Fuerza Armada regular de un Estado nacional, algo que ya no sucede en el conflicto bélico moderno.

El cambio que acaba de introducirse no sólo era necesario para que las Fuerzas Armadas pudieran participar en tres de las seis misiones determinadas por Macri sino incluso para el despliegue de medios militares en la seguridad de la Cumbre del G20. A esto se agrega que el Presidente firmó la Directiva que da marco a la política de Defensa. En ella se asume que Argentina tiene intereses concretos a defender, riesgos que implican amenazas para ellos y que pueden requerir el empleo de las Fuerzas Armadas para defenderlos.

En este orden se menciona la importancia del Atlántico Sur, la relevancia de la defensa aeroespacial, amenazas transnacionales como el crimen organizado y los conflictos que crean inestabilidad regional, entre otros.

En cuanto a la cooperación militar en la protección de la frontera y la lucha contra el narcotráfico, ello puede darse con el cambio jurídico y doctrinario que se ha implementado, siempre que se resuelvan cuatro cuestiones: el adiestramiento, el equipamiento, el presupuesto necesario y las reglas de empeñamiento con las cuales deben operar.

La idea la Cyber-defensa planteada, recoge experiencias de las Fuerzas Armadas desarrolladas durante la última década. Pero debe tenerse presente, que ella es una herramienta que sólo resulta eficaz en combinación con otras que no sustituye.

Aunque se desarrolle la capacidad militar cybernética, la Fuerza Aérea siempre va a necesitar una adecuada combinación de aviones de transporte, combate y entrenamiento; la Armada una fuerza de submarinos y una flota de superficie y el Ejercito unidades para operar en la montaña, el monte y la estepa, como también elementos de desplazamiento rápido.

Detrás de la publicación en el Boletín Oficial asoma la letra chica y aparecieron críticas de todo el arco opositor.

En primer lugar, las Fuerzas Armadas «serán empleadas en forma disuasiva o efectiva» en «agresiones de origen externo», como indicaba el decreto 727, pero ya no se habla de la participación necesaria de «fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estados/s».

Otro de los cambios importantes tiene que ver con las nuevas operaciones que tendrán las Fuerzas Armadas: «Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional».

Uno de los puntos que más polémica generó por la falta de detalles y desconociendo el alcance es el artículo 24bis, por el cual el Sistema de Defensa Nacional «ejercerá la custodia de objetivos estratégicos». Se espera que los funcionarios brinden cuáles serán esos “objetivos estratégicos” que se plantean.

 Fuente: Clarín / El Canciller

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