Torres entre 4 frentes: Milei, el fuego, los sindicatos pesqueros, YPF
Por Santiago Costa
El gobierno nacional quedó políticamente herido por el traumático final del proyecto de Ley Ómnibus. Como todo animal herido, es peligroso.
El tire y afloje y las «burbujas»
Al menos para las provincias y sus gobernadores, a quienes culpa de incumplir acuerdos políticos. El presidente Javier Milei echó a la salteña Flavia Royón de la secretaria de Minería y al cordobés Osvaldo Giordano de la jefatura de ANSES.
También golpeó los presupuestos provinciales con el anuncio del fin del subsidio nacional al transporte (que pasa de ser mayoritariamente a ser exclusivamente para el AMBA) y pausó los giros del Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad.
Según el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, el gobierno nacional le debe a la provincia $570 millones del Fondo Compensador para el transporte y absorber el subsidio significaría al menos $190 millones mensuales. También detalló que compensar a los docentes costaría otros $600 millones de pesos mensuales.
Torres apuesta a «desdoblar» la relación con el gobierno nacional. Por un lado el tira y afloja con el Presidente, en el marco del bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio o el bloque Patagónico (en el peor de los casos en instancia judicial).
Por otro lado busca crear «burbujas de gestión» con Secretarios o Ministros nacionales, en casos puntuales como en el incendio en el PN Los Alerces.
En este caso el gobernador logró la cooperación de los ministros de Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; y del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que se hizo presente en Esquel.
El mito de la paz social
Además de la tortuosa relación con el gobierno nacional, el gobernador enfrenta tres conflictos locales según la zona que se mire. En el oeste el incendio acapara la gestión, pero en el noreste y en el sur la acapara el conflicto sindical.
En el noreste impactó el paro general del STIA (trabajadores de plantas pesqueras), que no acató la conciliación obligatoria y rompió lanzas con las cámaras empresariales Capip y Capeca. Pero también con el gobierno: el sindicato pidió la renuncia del Secretario de Trabajo Nicolás Zárate.
Los estibadores del SUPA tampoco cumplen la conciliación obligatoria con la Cafach (Flota Amarilla de Rawson).
El sindicato vio como su conducción fue procesada en una causa por extorsión. La jueza dictó una muy inusual prisión preventiva domiciliaria.
Paralelamente fue prendida fuego una camioneta del empresario denunciante, Raúl Cereseto, verdadero hombre fuerte de Cafach (de las principales aportantes a la campaña del gobernador) y cuyo abogado, Andrés Arbeletche, hoy es Secretario de Pesca.
Ni la intervención del gobernador Torres y el intendente de Rawson Damián Biss en el conflicto con el SUPA (23 de noviembre); ni la intervención del gobernador y el intendente de Madryn, Gustavo Sastre, en el conflicto con STIA, (30 de enero) lograron encauzar el diálogo. Límites de la política.
El gobernador sumó en las últimas horas una nueva foto a esa colección. Se reunió con la federación de estibadores y según el parte de prensa oficial fue «asegurada la paz social y el trabajo en Chubut». Pero la federación está en alerta y movilización en apoyo a sus compañeros procesados de Chubut.
Los que sí tuvieron éxito esta semana con los sindicatos fueron el ministro de Seguridad y el de Gobierno.
El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, logró un acuerdo salarial con el Consejo de Bienestar Policial, que incluye el traslado de $8 mil del Código 1288 (de personal policial) al básico del sueldo testigo y un aumento de 7,5% al ítem de riesgo profesional.
El Ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, se reunió con el líder de ATE Guillermo Quiroga. Muy inusualmente, el funcionario se trasladó a la sede sindical y le aseguró que el gobierno no aplicará topes para la percepción de las asignaciones familiares.
Petroleros le puso día, hora y lugar
En el sur de la provincia, la rebeldía explícita de Jorge Ávila (primero dirigente sindical petrolero y luego diputado) para no votar el proyecto de ley Ómnibus (que su colega y socia política, Ana Clara Romero, sí votó) solo se entiende a la luz del conflicto con YPF.
La pronunciada migración de inversiones en perforación desde la Cuenca San Jorge a la Cuenca Neuquina, adquirió niveles obscenos en el caso de YPF y Tecpetrol (Grupo Roca) para 2024.
Según Ávila Tecpetrol solo invertirá 12 millones de dólares en 2024 e YPF redujo 110 millones su inversión interanual (quedando en 250 millones de dólares para 2024).
El sindicalista detalló que sellar un pozo correctamente cuesta alrededor de 300.000 dólares. YPF tiene 1.200 pozos sin sellar; 600 Tecpetrol y más de 100 CAPSA.
El objetivo de mínima es que las áreas a revertir sean previamente remediadas ambientalmente y que los trabajadores mantengan sus empleos hasta el traspaso a otra empresa.
Ávila anunció que habrá dos movilizaciones: una el 22 de febrero a YPF y otra al día siguiente a Tecpetrol.
En este escenario, el ingreso del PRO al gabinete en reemplazo de los funcionarios de los gobernadores, que transforma su alianza legislativa en una de gestión, puede ser una buena noticia para Torres. El gobernador de Chubut es al mismo tiempo un gobernador díscolo para el gobierno nacional, pero un gobernador del PRO.
¿Logrará multiplicar las «burbujas de cooperación» con el gobierno nacional?
¿Los conflictos sindicales crecerán al punto de generar un recambio en el gabinete?
Con una reunión, una foto y una tapa de diario no alcanza.
