Cobrarán primero los judiciales y legislativos: ¿adiós a los rangos salariales?
El gobernador Mariano Arcioni anunció un proyecto de Ley para establecer la autonomía financiera de los poderes Legislativo y Judicial. Desde un plano republicano, es un acierto que eleva la calidad institucional de la democracia provincial. Desde un punto de vista político, no.
¿Por qué? Porque la perenne crisis financiera provincial deriva en parte del descontrolado aumento en los últimos años de la planta y masa salarial del personal de los tres poderes del estado. Si Educación y Salud son los que más emplean, los legislativos son los mejores pagos.
El problema
Según un análisis que hizo en su momento El Chubut (y los números absolutos que uso en adelante), la variación de los presupuestos de 2019 a 2020 fue: +50 en el Poder Ejecutivo, +72% en el Poder Judicial, +88% en el Poder Legislativo.
En 2020 la Legislatura gastará $1.940 millones (93% de sus $2.072 millones) para pagar los sueldos de sus 450 empleados. En 2019 la Justicia provincial gastó $4.468 millones teniendo 1.100 empleados. Este año gastará $7.704 millones y podrá incorporar 1.000 empleados más.
Antes de cantar el tango sindicalista hay que retomar el concepto de «aristocracia obrera» (el sector de trabajadores que gana mucho, pero mucho más que el resto de los trabajadores y pierde «perspectiva») y reconocer que es necesario romper la inercia de esta pirámide invertida.
Hay dos obstáculos. El primero es la falta total de seriedad y pericia de la administración del gobernador Mariano Arcioni, que nunca logra elaborar un plan técnicamente sólido, consensuarlo con sus aliados políticos y negociarlo con la oposición legislativa (aceptar reformas).
El segundo es la cobardía de la dirigencia política en general y legislativa en particular, que le tiene terror a Ángel Sierra y al gremio APEL, el sindicato menos solidario de la galaxia, que permanentemente obstruye el funcionamiento democrático. Por eso toma un atajo y pacta.
La solución que no fue
En vez de juntar 18 manos para sesionar fuera del recinto sin taquígrafos (con escribano) y modificar el reglamento para poder hacer sesiones virtuales. La sesión virtual es el cortafuego a esa extorsión permanente de un gremio que tomó la Legislatura por asalto.
APEL tenía particular inclinación a impedir sesionar si no se pagaban los sueldos porque este mes se cobra con el 12,5% de cláusula gatillo y el gremio recauda el 100% de esa primera cuota del aumento de todos los cargos.
Aún teniendo razón es difícil pedir a otro que haga las cosas bien y no obstruya el funcionamiento democrático, cuando se tiene cola de paja (pagando doble mes vencido los sueldos). Pero no es lo mismo un docente que gana $40 mil que un maestranza del legislativo que gana $100 mil.
Prioridades
Lo que alterará esta ley son las priodades en el gasto público. ¿Cuántas prioridades puede tener un gobierno en déficit? La prioridad número uno es el pago de la deuda: ese dinero se descuenta automáticamente. Esta ley lo que dará por tierra es con el esquema de «rangos» salariales. Ya no cobrarán antes los sueldos públicos menores, sino los sueldos públicos por sectores.
El problema no se arreglará solo con una desaceleración paritaria de los gremios legislativo y judicial, sino con el crecimiento económico provincial. Pero las autoridades de los tres poderes deben acordar un plan que rompa esa pirámide invertida que, aunque cobre tarde, es ajena a los demás trabajadores.
