La CGT del Valle-Madryn inició un paro general y movilización
La Confederación General del Trabajo (CGT) del Valle Inferior del Río Chubut (CGT del VIRCH) Puerto Madryn, declaró un paro total de actividades para este jueves 19 de diciembre, acompañado de una movilización hacia la Legislatura en Rawson.
La medida es en rechazo a la adhesión de la provincia a una ley nacional que transferirá la gestión de las aseguradoras de riesgos de trabajo a un área pública.
La ley en cuestión- según publicó ADNSUR– establece el Autoseguro Público Provincial, diseñado para que las provincias y municipios puedan autoasegurar los riesgos laborales definidos en la Ley 24.557 y sus modificaciones.
La CGT expresó su “enérgico y perjudicial rechazo” a la adhesión al Título I de la Ley 27.348, argumentando que esta normativa limita el acceso a la justicia y favorece los intereses económicos de las ART y las empresas del sector salud.
El comunicado de la CGT critica el proyecto como “no altruista ni inocente”, afirmando que obliga a los trabajadores afectados por accidentes laborales a seguir un procedimiento administrativo previo, lo que podría resultar en una reparación inadecuada y tardía.
Según la central sindical, esto coloca a los trabajadores en peores condiciones que las actuales y representa una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, generando un “retroceso histórico” en derechos laborales.
Además, la CGT cuestionó el argumento de que el proyecto reducirá la litigiosidad, sosteniendo que el verdadero problema radica en el incumplimiento de las normativas por parte de las ART. Señalan que el 96% de los reclamos se deben a “incumplimientos graves” en procesos de prevención.
En cuanto a las implicaciones para la salud laboral, la CGT advierte que estas reformas no mejorarán las condiciones de trabajo; por el contrario, podrían incentivar la precarización y poner en riesgo la integridad física de los trabajadores.
De acuerdo con la explicación de la propuesta, se estima un ahorro anual de $10 mil millones. La central denunció que este ahorro se hace “a costa de la vida y salud del trabajador” y critica la complejidad de los nuevos procedimientos administrativos, que dificultarían aún más el acceso a la justicia para muchos trabajadores.
