Legislatura desierta, Chubut sin leyes.
Un reclamo que lleva aproximadamente un año sosteniendo el sindicato APEL dejó sin sesión a la Legislatura ayer.
El gremio reclama el pago de un 8% retroactivo a enero que fue acordado el año pasado. La decisión de sostener una medida de fuerza se tomó minutos antes de que inicie la sesión e impidió el ingreso de proyectos de ley vitales para el Ejecutivo.
La medida se suma a otras que a lo largo del año hicieron que más de la mitad de las sesiones debieran suspenderse por la retención de servicios del sindicato.
El reclamo del gremio se remonta al 2017, cuando el entonces presidente de la Cámara, Adrián López, se comprometió con el gremio y firmó una resolución que daba luz verde a un aumento del 8%.
La situación económica imposibilitó que los diputados ratifiquen esa resolución y el tema se fue dilatando. La Apel pretende que ese 8% sea retroactivo a enero, pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera otorgó aumento a los empleados nucleados en la 1987, en donde los sueldos no superan los $ 15.000.
Algunos legisladores entienden que la Apel tiene que ser el gremio que aporte cordura, principalmente porque los sueldos en la Legislatura son de los mejores en toda la provincia junto a los del Poder Judicial.
Roddy Ingram, actual vicepresidente primero, lamentó la imposibilidad de sesionar y dijo que “hay muchos temas que debieron ingresar para ser tratados en la próxima sesión como las readecuaciones de partidas que tienen dictámenes unánimes.”.
Ingram se refirió a la medida de fuerza adoptada por el sindicato, explicó que «no se pudo trasladar la sesión al Tribunal de Cuentas; habían muchos temas a tratar».
Javier Touriñán adelantó que “se está hablando con la APEL que mantiene el reclamo del 2017 y no se efectivizó» y agregó «ayer no sesionamos, como estaba todo ayer en Rawson no era una buena decisión y no teníamos seguridad. Reclamos iba a haber y en diálogo con los presidentes de bloques la mejor opción fue no sesionar».
Cuentas pendientes
Entre los temas pendientes quedó el pase a comisión del pliego de Virginia Menghini para ocupar el cargo de Fiscal de Estado y el proyecto del Poder Ejecutivo para declarar la Emergencia Comercial en todo el territorio provincial.
Asimismo, tenía que ingresar el proyecto de los diputados del bloque Convergencia, Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli para autorizar a los municipios de segunda categoría y Comisiones de Fomento a utilizar hasta un 50% de los fondos provenientes del endeudamiento de u$s 650 millones para gastos corrientes.
También quedaron truncos los convenios entre Petrominera y Capex por cesión del área “Pampa Castillo-La Guitarra”.
La posibilidad de sesionar en el Tribunal de Cuentas viene rondando hace más de un mes y medio, aunque los diputados nunca tomaron la determinación de materializar esta posibilidad.
Otro de los tantos proyectos de ley que debió ingresar es el que elaboraron los diputados del Frente Para la Victoria, Gustavo Fita y Viviana Navarro sobre el “Compre Chubutense”, por el cual los profesionales independientes, comerciantes y empresas de Chubut tendrán prioridad como proveedores de bienes y servicios de permisionarios, concesionarios u operadores de yacimientos hidrocarburíferos y mineros, así como todas las actividades complementarias de ambas cadenas productivas.
En la reunión de Labor Parlamentaria, los presidentes de los bloques no descartaron convocar a una sesión especial para la próxima semana para suplir la necesidad de dar tratamiento a los temas propuestos.
Ayer a la tarde, Ingram se reunió con el Gobernador para analizar la posibilidad de destrabar el conflicto, aunque la solución estaba estrictamente supeditada a la disponibilidad de caja del Gobierno provincial, por lo que la medida de fuerza continua por tiempo indeterminado.
La FeCh rechazó la propuesta de la Mesa de Unidad Sindical
La Federación Empresaria del Chubut advirtió que el proyecto de ley presentado por la Mesa de Unidad Sindical podría poner en riesgo la seguridad jurídica y ocasionaría una ola de juicios contra el Estado provincial.
La entidad que nuclea a los empresarios chubutenses rechazó el proyecto de ley presentado por la Mesa de Unidad Sindical y cuestionó las negociaciones de los contratos en cada una de las actividades.
El proyecto presentado por la Mesa de Unidad Sindical pretende modificar la estructura tributaria y elevar los impuestos sobre distintos sectores económicos como manera de incrementar los recursos que permitan pagar los salarios de los trabajadores estatales. En opinión de la entidad empresaria, la iniciativa atenta contra la seguridad jurídica de los contratos firmados.
Hay que recordar que la iniciativa fue presentada por gremios estatales y busca establecer el impuesto a Sellos sobre contratos firmados de la actividad petrolera, fijar mayores cánones sobre la actividad pesquera, dentro del sector rural o firmas particulares.
Es por eso que la entidad empresaria advirtió que “este tipo de propuestas que toman cause en la Legislatura, ponen de manifiesto la mala negociación que se ha hecho para diseñar los contratos en cada una de las actividades económicas, como el caso del sector petrolero, con renovaciones por décadas que dejaron en una situación desfavorable a la provincia”.
Las cámaras empresarias insistieron en hacer foco en «rediscutir seriamente una propuesta que apunte al enriquecimiento de la matriz productiva de la provincia (tal como la que se le acercó al Ejecutivo desde la Federación) y no una visión coyuntural que tan sólo sirva para pagar salarios».
«El sector privado no puede una vez más subsidiar los desórdenes administrativos y financieros del sector público, como ya está ocurriendo en el caso de los proveedores, que en algunos casos tienen deuda impaga estatal que se arrastra del año 2015″.
Fuente: Diario el Chubut / Diario de Madryn / El Patagónico / Madryn de Pie / Radiocracia
