Más vetos del gobernador, un Tarrío empoderado busca refinanciar la deuda y escala la crisis cooperativa en Madryn
Deudas y dudas
El gobernador Mariano Arcioni estará hoy en Buenos Aires, junto representantes de otras seis provincias, para escuchar el fallo de la Corte Suprema que decidirá la suerte de los 923 millones de pesos del cancelado Fondo Federal Solidario que Chubut reclama.
El gobernador envió a la Legislatura los pliegos de Julio Ramírez para renovar su mandato como presidente del Banco Chubut y también el de Alejandro Garzonio para la Contaduría General. Necesitan 18 votos.
Todo apunta a la salida de Pablo Das Neves del directorio y su reemplazo por alguien propuesto por Ricardo Sastre. Como se adelantó acá, Christian Pasquini no sería propuesto como director, pero sí suena como síndico en reemplazo de Reposeiras.
Mariano Arcioni también vetó en forma total la modificación de la ley de canon de descarga de langostino, aprobada por unanimidad, aduciendo que el ministerio de Ambiente no tiene potestad en materia tributaria.
También hubo vetos (parcial) para la ley que protegía los derechos de las personas con padecimientos congénitos y adquiridos y la que creaba el fondo especial “Programa de Seguridad Alimentaria”.
Alejandro Garzonio y Luis Tarrío, ministros de Economía saliente y entrante respectivamente, estuvieron en la Legislatura explicando a los legisladores la necesidad de modificar el perfil de deuda por 1.000 millones de dólares de la provincia.
Sostienen la posibilidad de refinanciarla incluso hasta 2047, atándola a la finalización de los contratos petroleros, teniendo en cuenta que las regalías son la garantía de la deuda. Creen que de aprobarse en la Legislatura, la gestión Arcioni se ahorraría en lo que resta del 2019 pagos por 80,5 millones de dólares ($3.493 millones).
¿Por qué se envía ahora, a la legislatura «vieja» de mayoría opositora, el proyecto más importante de la gestión 2019-2023 y no con la Legislatura «nueva», que tendrá mayoría oficialista?
En Casa de Gobierno hay fastidio con Adrián Maderna y furia con Ricardo Sastre por su apoyo público a la candidatura de Alfredo Béliz para la diputación, en detrimento del candidato del gobernador Máximo Pérez Catán, lo que es visto como un desafío innecesario a la autoridad política del gobernador.
Señalan que el viernes asumirá Tarrío y controlará también la obra pública, pero todavía no sabe cuando pagará el aguinaldo. Arriesgan el pago del SAC para la primera semana de julio y los sueldos para la segunda, a más tardar el 10, para quedar dentro de los plazos legales, que son los primeros siete días hábiles del mes.
Educación y Salud
Los legisladores convocaron al novel ministro de Educación Di Bella por la situación edilicia de los establecimientos. El ministro estuvo ayer en el Consejo Federal de Educación y solicitó a Nación agilizar el financiamiento para programas educativos. En Comodoro la escuela especial 514 está sin clases hace más de 50 días.
Hubo tres ofertas en la licitación por la ampliación del Hospital Materno Infantil de Trelew, reclamo del ministerio de Salud a Nación por la demora de dos años en el envío de vacunas y réplica oficial al director del Hospital de El Bolsón.
Pero alertan sobre un posible corte generalizado de prestadores a Seros y también por el impacto en la tercera edad por el aumento de los medicamentos y el cierre de farmacias.
Habilitaciones, canjes y broncas
En Comodoro, la candidata a la intendencia por Cambiemos, Ana Clara Romero, logró sortear las impugnaciones sobre la antigüedad de su residencia.
En Trelew, el intendente Adrián Maderna confirmó que el viernes habrá una reunión con la Agencia de Administración de bienes del Estado para avanzar en la posibilidad de un canje de tierras con el INTA por la ocupación ilegal de sus tierras.
En Madryn escala la crisis en Servicoop, que derivó en un conflicto con el municipio, al que hizo coresponsable por la falta de obras.
El intendente Ricardo Sastre dijo que «hay un cierto grado de hipocresía» y le recordó a UyO, conducción de la entidad, que sus concejales nunca aprobaron aumentos de tarifas.
“Si a esto lo van a tomar como una cuestión política están muy equivocados, se tienen que hacer cargo de las decisiones que han tomado en los últimos meses».
Remarcan que por orden judicial, Ricardo Sastre vetó la habilitación de Food Arts y el futuro de los cien trabajadores es incierto.
